Las autoridades brasileñas recurrirán al mecanismo de resolución de controversias de la OMC y adoptarán medidas recíprocas.
Ante el anuncio de la imposición de un arancel adicional de entre 10 % y 12,5 % a los países que, según EE.UU., no han adoptado medidas suficientes para combatir el trabajo realizado bajo condiciones forzosas o de esclavitud, el Gobierno de Brasil informó que pondrá en marcha contramedidas para contrarrestar lo que han calificado como una decisión “completamente arbitraria e injustificada”.
“Ante el carácter completamente arbitrario e injustificado de los aranceles anunciados contra Brasil, iniciaremos de inmediato los trámites para activar los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional, y llevaremos el tema al mecanismo de solución de controversias de la [Organización Mundial de Comercio] OMC”, reza un comunicado difundido en la cuenta oficial del gobernante Partido de los Trabajadores.
La respuesta brasileña hace parte de una política más integral, anunciada a mediados del pasado mes, para hacer frente a otro arancel estadounidense de 25 %, impuesto bajo argumentos que se mostraron falaces frente a lo que, datos en mano, refutó a vista pública el Gobierno del presidente Lula da Silva. Antes bien, las autoridades insistieron en que ese ‘tarifazo’ carecía de cualquier justificación.
“Lo que incomoda al Gobierno de EE.UU. es el hecho de no haberse doblegado a las pretensiones desmedidas y las peticiones irracionales presentadas en el transcurso de las negociaciones […]. En otras palabras, exigían nuestra capitulación“, dijo entonces el canciller Mauro Viera, con referencia a las prolongadas conversaciones sostenidas entre representantes de Washington y Brasilia para abordar la sensible materia.
