La vida de Roberto Borge Ángulo se vuelve cada vez más difícil. Jamás pensó que llegar a ser gobernador sería el inicio de su final dramático.
Pero la pregunta sigue en el aire: ¿por qué otros gobernadores que presuntamente robaron más están libres y disfrutando de los millones que se llevaron?
Joaquín Hendricks tranquilo en Chetumal. Félix González en su casa de Cozumel, con negocios y propiedades. Carlos Joaquín en Canadá, lejos de cualquier celda. Y Borge… en prisión.
Roberto Borge Ángulo, exgobernador de Quintana Roo (2011–2016), quedó formalmente vinculado a proceso como líder de la estructura que operó la enajenación ilegal de 22 inmuebles del patrimonio estatal, con un daño estimado en más de 900 millones de pesos. El expediente de apelación 269/2024, radicado en un Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Xochitepec, Morelos, fue concluido y archivado, dejando firme el criterio judicial que ya no lo coloca como “cómplice”, sino como cabeza del esquema.
El mensaje es contundente: mientras algunos políticos caen, otros siguen intactos. Borge no es un caso aislado, sino el reflejo de una época donde el poder se utilizó para vaciar predios, recursos y patrimonio público.
Y el caso todavía alcanza a más nombres. Reportes recientes señalan que Juan Pablo Guillermo Molina, exsecretario de Finanzas durante ese sexenio, mantiene órdenes de aprehensión vigentes, confirmando que el saqueo no fue obra de una sola persona, sino de toda una maquinaria.
Mientras tanto, los presuntos prestanombres de Roberto Borge no quieren verlo fuera de prisión. Muchos ya se habrían quedado con dinero, propiedades y bienes que quedaron a su nombre. Para ellos, que Borge siga encerrado es garantía de conservar lo que nunca les perteneció.
Hoy, Borge enfrenta la cárcel con un futuro incierto. Un amparo lejano parece ser su única esperanza.
