Senadores de Morena rechazaron que la iniciativa presidencial para posponer un año la elección de jueces y magistrados, así como realizar cambios al proceso, signifique un fracaso de la reforma judicial, como sostiene la oposición.
La reforma constitucional de septiembre de 2024, que permitió la elección de juzgadores mediante voto popular, abrió la puerta para democratizar al Poder Judicial “y ese principio no cambia; lo único es que se hará de forma más técnica, más fácil para el ciudadano y más confiable, a partir de las modificaciones propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum, en la iniciativa que está por enviar al Congreso”, comentó el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
Respecto a las críticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) sobre la iniciativa presidencial que aplaza de 2027 a 2028 la elección de 463 magistrados de circuito, 385 jueces de distrito y cerca de tres mil juzgadores locales de 25 estados, el senador Emmanuel Reyes Carmona consideró que “no puede, en forma alguna, considerarse una confesión de fracaso de la reforma”.
Más bien, agregó, “es un reconocimiento responsable de la enorme complejidad técnica, logística y constitucional que implica transformar el sistema de justicia en México”.
Si algo demuestra la decisión de la presidenta Sheinbaum, añadió, “es que se entendió que una elección judicial mal organizada podría afectar seriamente la legitimidad del nuevo modelo. Y en temas institucionales, corregir a tiempo suele ser más responsable que aferrarse a un calendario políticamente conveniente”.
Además, sostuvo el senador Reyes Carmona, “hay un elemento fundamental: 2027 será uno de los procesos electorales más grandes en la historia del país. El propio Instituto Nacional Electoral (INE) ha señalado las dificultades técnicas de organizar al mismo tiempo la elección judicial junto con 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados federal, congresos locales y ayuntamientos en todo México”.
Otro punto importante, recalcó, es que ya quedó demostrado que una elección con demasiadas candidaturas complica el voto ciudadano y los procesos de conteo. Por ello, reducir el número de candidatas y candidatos responde tanto a observaciones técnicas del INE como a peticiones de especialistas y participantes del proceso.
“El objetivo es facilitar la emisión del sufragio y darle mayor claridad a la ciudadanía”, afirmó.
En entrevista por separado, Huerta Ladrón de Guevara coincidió en que se trata de perfeccionar el método de selección de quienes participen en el proceso electoral, hacerlo más riguroso y transparente, reducir el número de candidaturas en la boleta y elevar a rango constitucional la profesionalización de los juzgadores.
“Estamos institucionalizando un modelo nuevo tras la primera prueba real. Se mantiene la elección de ministros, magistrados y jueces mediante voto popular, pero con mejores reglas que vamos a discutir en un periodo extraordinario en los próximos días”, señaló.
Por su parte, Reyes Carmona consideró que la oposición tiene un argumento válido cuando señala que estos ajustes muestran que algunos aspectos de la reforma original quizá requerían mayor maduración operativa.
“Pero eso no significa que el fondo de la reforma sea inviable. Hoy el debate ya no es si habrá o no elección judicial. El debate real es cómo hacerla viable, funcional y legítima”, indicó.
Ambos legisladores coincidieron en que el tema será discutido el jueves en la Comisión Permanente, que convocará a un periodo extraordinario en ambas cámaras para votar la reforma.
