El Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma al Artículo 127 Constitucional, que elimina las pensiones millonarias que perciben ex funcionarios de empresas paraestatales, banca de desarrollo y otros organismos públicos, los que en adelante no podrán ser mayores al 50 por ciento de la remuneración “de la persona titular del ejecutivo federal”.
Con 116 votos de senadores de todas las fuerzas políticas se avaló esa reforma, por la que en adelante, las “pensiones doradas” como la del ex subdirector de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), que percibe un millón, 9 mil 106 pesos al mes, en cuanto se promulguen las nuevas disposiciones, quedarán en 70 mil pesos.
Aunque los grupos del PAN, MC y PRI votaron a favor de ese cambio a la Carta Magna, que pone límite a las pensiones y jubilaciones en las entidades públicas, como Pemex, CFE, Nacional Financiera, entre otros, sostuvieron que no es una reforma incompleta, toda vez que no incluyó las pensiones de los altos mandos de las fuerzas armadas, de toda la administración pública federal, ni de los ministros en retiro de la Suprema Corte.
Pese al voto a favor, pusieron también en duda que no opere la retroactividad y en el caso de las senadoras Carolina Viggiano, del PRI, y Alejandra Barrales, de MC, salieron en defensa de los ex funcionarios que perciben pensiones millonarias.
Sin embargo, los presidentes de las comisiones de Puntos Contitucionales, Oscar Cantón Zetina y de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, dejaron claro que por tratarse de una modificación a la Carta Magna, no opera el principio de no retroactividad, y hay jurisprudencia de la Suprema Corte que permite cambiar la temporalidad de alguna disposición, sobre todo cuando se trata de recursos públicos.
“La reforma tiene un propósito muy claro: poner orden en el sistema de pensiones y jubilaciones del sector paraestatal, donde hay miles de ex funcionarios recibiendo pensiones millonarias”, lo que genera cargas exageradas al erario.
Es falso, dijo que se aplique la retroactividad, de hacerlo, los ex funcionarios estarían obligados a devolver lo que han percibido durante años y la disposición aplica a partir de que se promulgue la reforma.
En el dictamen no se precisa el número total de ex directivos a los que se reducirán las pensiones y durante el debate, sólo que el ahorro será de 5 mil millones de pesos al mes.
Morena en voz del senador Saúl Monreal, dio un panorama general. Explicó que mientras en n México el promedio de pensión ronda entre 6 mil 676 y 8 mil ,400 pesos mensuales, existen casos en el sector público donde se pagan pensiones que van desde 340 mil hasta un millón de pesos mensuales con cargo al erario.
Esta diferencia, dijo, puede representar hasta un 140 por ciento veces más del promedio de una pensión que recibe la mayoría de la población mexicana.
Un ejemplo claro, detalló, es el padrón de jubilados de Luz y Fuerza del Centro, que actualmente cuenta con 14 mil 073 personas extrabajadoras jubiladas, por las cuales el Estado paga 28,074 millones de pesos al año.
De ese total, 9 mil 457 personas, es decir, el 67 por ciento del padrón reciben pensiones que van desde 100 mil hasta un millón de pesos mensuales y 3 mil 504 personas jubiladas reciben pensiones superiores al salario de la Presidencia de la República.
Además, agregó, el propio Estado subsidia el impuesto sobre la renta de estas pensiones con recursos públicos por 2 mil 367 millones de peso.
En tanto, en Petróleos Mexicanos, (Pemex) existe un padrón de 22mil 316 personas jubiladas del régimen de confianza, cuyo costo anual asciende a 24 mil 844 millones de pesos y dentro de ese universo, 618 pensiones superan el monto anual bruto que recibe la Dirección General de Pemex.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo, tiene 54 mil personas jubiladas del régimen de confianza, lo que representa un costo anual de 40 mil 950 millones de pesos. Dentro de ese padrón, 2 mil 199 reciben montos superiores al salario de la presidenta Sheinbaum, lo que implica una erogación anual de 4 mil 496 millones de pesos.
La iniciativa “elimina de tajo esta rémora del sistema prianista de cuotas y amiguismos, eliminaremos entonces los privilegios de unos cuantos quistes del poder”, agregó el senador Monreal.
Durante la discusión, la senadora del PRI, Carolina Viggiano, pidió se leyera un desplegado de jubilados de la CFE en el que piden “se respeten derechos adquiridos”, dijo e insistió en en cuestionar por qué no se ajustan también las pensiones de ex ministros de la Suprema Corte.
“El dinero del pueblo no es para financiar pensiones doradas de alta burocracia, porque cuando el dinero público termina sosteniendo privilegios desproporcionados, no sólo genera un problema presupuestal, sino produce injusticia”, resaltó la senadora del PT, Liz Sánchez.
“Nos queda claro que la ruta de la transformación no son las pensiones de hambre para los trabajadores, ni mucho menos las pensiones millonarias”, expuso a su vez el senador de Morena, Alfonso Cepeda, dirigente del SNTE.
Durante la discusión en lo particular, senadores de oposición presentaron reservas a fin modificar el artículo segundo transitorio del dictamen, en el que precisa que “a partir de la entrada en vigor” de esa modificación constitucional, “todas las jubilaciones o pensiones otorgadas con anterioridad deberán ajustarse” a la mitad de la remuneración de la persona titular del poder ejecutivo”, pero fueron desechadas.
La reforma se aprobó en lo particular con 115 votos a favor y seis abstenciones. Se turnó a la Cámara de Diputados, para su revisión.
