El empresario Ricardo Thompson Navarro, fundador de Ingemar y socio del ex gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel (PAN), enfrentará proceso penal por la presunta red de huachicol fiscal por ferrotanques que ingresó más de 15.2 millones de litros de combustible sin declarar.
De acuerdo con el expediente de la Fiscalía General de la República (FGR), Thompson Navarro fue vinculado a proceso desde julio pasado por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos. La jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Alejandra Ramírez de la Vega, le dictó prisión preventiva oficiosa y lo mantiene preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México.
El 13 de agosto, el mismo centro judicial le impuso una segunda medida: prisión preventiva justificada, al considerar riesgo de fuga. El Ministerio Público argumentó que el empresario tiene registro de participación en 14 empresas en Ensenada, pasaporte vigente, diversos domicilios y movimientos migratorios entre 2015 y 2018, por lo que no hay garantía de arraigo. Thompson promovió un amparo contra esa segunda medida ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal de Toluca, pero el juez le negó la suspensión provisional al considerar que la medida no es inconstitucional.
La acusación central es el uso de Ingemar S.A. de C.V. para internar gasolina regular y diésel adquirido en refinerías de Texas y cruzarlo por las aduanas de Nuevo Laredo, Camargo, Matamoros y Reynosa declarando apenas el 10% del volumen. De cada carro tanque de 110 mil litros, se declaraban 10 mil. La FGR documentó que una cuenta de Ingemar en Grupo Financiero Intercam movió más de 3 mil millones de pesos entre junio de 2024 y julio de 2025, con flujos que no corresponden a su perfil fiscal.
En el mismo caso, Ernesto Ruffo Appel también fue vinculado a proceso en julio tras la presentación de casi un centenar de pruebas. Aunque inicialmente quedó en el Altiplano junto a Thompson, José María de la Peña, Juan Hermilo y Luis Barrientos, el ex mandatario logró el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria por motivos de salud, tras acreditar con expedientes de Scripps Clinic y Scripps Green Hospital seguimiento ortopédico y cardiológico.
José María Peña y Guillermo de la Peña también enfrentan el proceso en prisión domiciliaria por complicaciones de salud, mientras Adriana Magali permanece en el CERESO Nezahualcóyotl Sur. La FGR mantiene abiertas 25 órdenes de aprehensión adicionales contra operadores logísticos, agentes aduanales y funcionarios, por un perjuicio fiscal estimado en más de 4 mil millones de pesos.
