Ricardo Jesús Rivas / CAMBIO 22
CHETUMAL, 21 de octubre. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió revocar el desechamiento de una demanda de amparo promovida por residentes de Mahahual, al determinar que no existía plena certeza de que el recurso legal se hubiera interpuesto fuera de los plazos establecidos por la ley.
Con esta determinación del máximo tribunal del país, la vía legal se mantiene abierta para que un juzgado de distrito con sede en Quintana Roo analice nuevamente la procedencia de la demanda que frena el rechazo anticipado del juicio.
La resolución del Pleno derivó de la Queja 25/2026, misma que fue elaborada bajo la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, cuyo proyecto enfatizó que las dudas relativas a la oportunidad procesal no deben constituir una barrera para estudiar el fondo de asuntos ambientales.
A pesar de este fallo, el resolutivo judicial no prejuzga ni determina si las modificaciones de carácter urbano vulneraron o no los derechos de los pobladores locales, limitándose a dejar sin efecto el desechamiento inicial para ordenar un nuevo estudio de admisión.
El litigio constitucional impugna las modificaciones aprobadas por el Cabildo municipal entre noviembre y diciembre de 2025, las cuales modificaron el régimen de 107.67 hectáreas en la localidad costera de Othón P. Blanco, pasando de uso forestal a turístico e incrementando densidades y alturas.
Dichas solicitudes de modificación fueron promovidas por las empresas Cielo Asoleado y Promociones Turísticas Mahahual, firmas que han sido vinculadas directamente con el desarrollo del proyecto “Perfect Day” de la empresa Royal Caribbean junto al muelle de Costa Maya.
El megaproyecto turístico contempla la construcción de un parque acuático dotado de albercas, toboganes y restaurantes, respaldado por una inversión estimada en aproximadamente mil millones de dólares en la región sur de la entidad.
Ante esta situación, los habitantes y diversas organizaciones sociales interpusieron los juicios de amparo argumentando la omisión de consultas públicas adecuadas, así como posibles daños severos al equilibrio ecológico, manglares, arrecifes de coral y al derecho humano a un medio ambiente sano.
