Este 12 de octubre —Día de la Resistencia Indígena— el conflicto por la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos escaló a tribunales y carreteras.
Comunidades p’urhépecha, matlazinca o pirinda, nahua y afromexicanas, agrupadas en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), presentaron un amparo “indirecto, colectivo y estratégico” contra la encuesta que realiza el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) para avalar la iniciativa de más de 450 artículos impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum.
El recurso, firmado y sellado por 30 autoridades tradicionales y presentado el 8 de octubre ante un juez de Distrito, acusa al INPI de:
- Pretender desahogar una ley de alta complejidad en una sola jornada de máximo 5 horas
- Suprimir fases de consulta e imponer unilateralmente sedes, tiempos y formas
- Dejar fuera a 109 comunidades michoacanas por no estar en el catálogo del INPI, violando el derecho a la autoadscripción
- No entregar información previa, ni traductores certificados
“El INPI impuso quién participa, cómo lo hace y qué se decide, forzando foros acelerados, rígidos, burocráticos y discriminatorios”, señaló el vocero Pavel Ulianov Guzmán.
El amparo se presentó durante la Asamblea Nacional Conmemorativa por los 30 años del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Michoacán. Según un mapeo de la Colectiva Indígenas 3D, más de 120 pueblos en Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Veracruz y la Península han emitido 48 documentos de rechazo; 38 son pronunciamientos y amparos.
Hoy, el CSIM anunció bloqueos en tres casetas de Michoacán —Panindícuaro, Zirahuén y Taretan— para exigir detener el proceso y rehacer una consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y vinculante, acordada con asambleas generales.
