A pesar de que desde hace varios meses en la Ciudad de México se aprobaron reformas para prohibir la operación de franeleros y el apartado de lugares de estacionamiento en la vía pública, esta práctica continúa en diversas colonias de la capital, generando molestia entre automovilistas y vecinos.
Cubetas, conos, llantas, sillas, huacales y otros objetos siguen siendo utilizados para “reservar” espacios en calles y avenidas, una conducta que viola la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Tránsito de la CDMX, al considerarse una invasión del espacio público y una obstrucción al libre tránsito.
En la Ciudad de México está expresamente prohibido apartar o reservar lugares de estacionamiento en la vía pública, ya sea para beneficio personal o con fines de cobro. Las reformas más recientes a la Ley de Cultura Cívica reforzaron esta restricción, especialmente para combatir la operación de franeleros.
Las autoridades capitalinas han reiterado que la vía pública es un bien común y no puede ser apropiada por particulares bajo ninguna circunstancia
De acuerdo con la normativa vigente en 2026, las sanciones por esta conducta incluyen multas económicas, arresto administrativo y trabajo comunitario, dependiendo de la gravedad del caso.
Las sanciones principales son:
- Multa de 11 a 40 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Con el valor actualizado de la UMA en 2026, esto equivale aproximadamente a entre 1,290 y 4,692 pesos por colocar objetos para apartar un espacio de estacionamiento. - Arresto administrativo de hasta 24 horas, cuando la persona es sorprendida en flagrancia apartando un lugar sin exigir dinero.
- Arresto de hasta 36 horas cuando existe una conducta agravante, como exigir dinero por “cuidar” vehículos o reservar espacios, práctica asociada a los franeleros.
- trabajo comunitario, que puede imponerse como alternativa a la multa o al arresto, dependiendo de la determinación de la autoridad cívica.
Las autoridades de la CDMX han señalado que estas sanciones buscan recuperar el espacio público, mejorar la movilidad y garantizar condiciones equitativas para automovilistas y peatones. Asimismo, se ha reiterado que ninguna persona está autorizada para cobrar por el uso de la vía pública.
Vecinos y conductores pueden denunciar estas prácticas ante policías de tránsito o a través de los canales oficiales del gobierno capitalino, para que se retire a quienes infringen la ley y se apliquen las sanciones correspondientes.
Aunque la prohibición ya está vigente, las autoridades reconocen que el reto continúa siendo la aplicación constante de la norma, especialmente en zonas de alta afluencia, eventos masivos y colonias con alta demanda de estacionamiento.
