Por primera vez desde la mega operación policial en Río de Janeiro que causó 121 muertos, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, calificó hoy de desastroso ese suceso y reclamó una investigación independiente.
Durante un encuentro con la prensa internacional en esta ciudad, sede de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Clima (COP30), el mandatario lamentó el saldo trágico de la incursión en los complejos cariocas habitacionales de Penha y Alemão, ejecutada la semana pasada bajo el argumento de capturar a jefes de organizaciones criminales.
«Hubo una masacre. Creo que es importante verificar las condiciones en que ocurrió. La orden del juez era de arresto, no de ejecución», subrayó Lula.
Desde el punto de vista del número de muertos, algunos dirán que fue un éxito, pero desde la actuación del Estado, fue funesta, consideró.
Las declaraciones marcan un giro en el discurso presidencial, luego de varios días de silencio y de un único mensaje publicado en redes sociales sin posicionamiento político claro.
En su entorno, se reconoce que el tema de la seguridad pública es uno de los más sensibles para el Gobierno y uno de los que más desgaste provoca en la imagen presidencial.
La matanza en Río, como la definen organizaciones de derechos humanos, reavivó el debate sobre los límites del uso de la fuerza policial y la falta de control sobre las operaciones en favelas, donde, según las fuentes, predominan la impunidad y los abusos de poder.
Mientras tanto, en el Congreso Nacional, el Ejecutivo intenta recuperar la iniciativa política con dos proyectos clave.
Uno es la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) sobre Seguridad Pública, que ampliaría las atribuciones de la Policía Federal para combatir delitos ambientales y crímenes de alcance interestatal e internacional.
Sin embargo, la medida enfrenta resistencia de gobernadores y opositores, que temen una concentración excesiva de poder en el ámbito federal.
El otro frente legislativo es un proyecto de ley antifacciones, aún en análisis en la Casa Civil, que busca endurecer las penas y facilitar la confiscación de bienes de líderes de organizaciones criminales.
Tras las críticas de Lula, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública informó que solicitará informes detallados a las autoridades de Río sobre la megaoperación y que está en estudio la creación de un mecanismo nacional de supervisión de operaciones policiales letales.
Además, el Congreso Nacional prevé retomar esta semana las audiencias sobre el PEC de Seguridad Pública, en medio de presiones para que el Gobierno presente un plan federal de reducción de la violencia urbana antes de fin de año.
