𝘓𝘢 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥 𝘪𝘯𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭𝘪𝘢𝘳𝘪𝘢, 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘦 𝘭𝘢𝘴 𝘪𝘯𝘥𝘶𝘴𝘵𝘳𝘪𝘢𝘴 𝘮𝘢𝘴 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘥𝘦 𝘘𝘶𝘪𝘯𝘵𝘢𝘯𝘢 𝘙𝘰𝘰, 𝘴𝘦 𝘦𝘯𝘤𝘶𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢 𝘦𝘯 𝘭𝘢 𝘭𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘦 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥𝘦𝘴 𝘷𝘶𝘭𝘯𝘦𝘳𝘢𝘣𝘭𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘭𝘢𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘺𝘢 𝘴𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘯 𝘢𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘣𝘢𝘫𝘰 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘺 «𝘢𝘯𝘵𝘪𝘭𝘢𝘷𝘢𝘥𝘰».
Fausto Darío Bañuelos Sánchez, presidente de la comisión encargada del tema en el Colegio de Contaduría Pública, dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera de Quintana Roo y el SAT federal coordinan verificaciones para supervisar las actividades vulnerables en la entidad.
«Es importante que se sensibilice que en ciertas actividades le van a pedir su identificación, porque tenemos, por ejemplo, en la actividad inmobiliaria que muchas veces los clientes compradores saben que el notario público les va a pedir sus documentos y no tienen tanto problema, pero no saben que el asesor inmobiliario también les tiene que pedir los mismos documentos», ejemplificó.
Estas acciones buscan que los sujetos obligados generen la información necesaria para las autoridades y la atención se enfoca en sectores con alta actividad económica que requieren mayor fiscalización.
Señaló que identificar clientes y resguardar expedientes es una obligación ineludible, por lo que omitir estos trámites administrativos puede derivar en multas millonarias para los prestadores de servicios que operan fuera del marco legal, establecido en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
«Es un tema administrativo como de una licencia de funcionamiento o como un aviso de Cofepris. Es un tema administrativo que aplica a un grupo o a un sector especial de la población en primer lugar y que sí, claro, puede tener efectos de tipo penal al mediano o largo plazo», puntualizó.
Por último advirtió que el control financiero seguirá evolucionando hacia un monitoreo tecnológico más estrecho sobre los recursos de cada ciudadano.
Fuente: Caribe Peninsular
