Washington. Estados Unidos impondrá un arancel gradual a algunos productos nicaragüenses a partir del 1 de enero por motivos relacionados con los derechos humanos y laborales, informó el miércoles la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
“Los aranceles arrancarán con cero por ciento el 1 de enero de 2026 y aumentarán a diez por ciento el 1 de enero de 2027, y a 15 por ciento el 1 de enero de 2028. Cualquier tarifa se acumulará con otras, como la Tarifa Recíproca existente de 18 por ciento”, detalló el USTR en un comunicado.
El arancel se aplicaría a “todos los productos nicaragüenses importados que no sean originarios del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos”, indicó.
La USTR dijo que el calendario para los aumentos arancelarios podría modificarse si Estados Unidos determinara que Nicaragua no muestra avances en la resolución de las preocupaciones en materia de derechos laborales.
El gobierno de Trump había amenazado anteriormente con imponer aranceles de hasta cien por ciento a los productos nicaragüenses tras considerar que las políticas laborales y de derechos humanos del país no eran razonables y obstaculizaban el comercio estadounidense.
Tras una investigación de doce meses que incluyó más de 2 mil comentarios públicos, de individuos y empresas, la USTR considera probado que “el régimen de Ortega-Murillo incurre en actos, políticas y prácticas irrazonables que obstaculizan y restringen las oportunidades comerciales para las empresas estadounidenses en Nicaragua”.
El presidente Daniel Ortega, ex guerrillero de 79 años en el poder desde 2007 y quien gobernó Nicaragua también en la década de 1980, es acusado por sus críticos y organismos humanitarios de instaurar una “dictadura familiar” junto a su esposa Rosario Murillo, de 74, nombrada copresidenta en febrero por una reforma constitucional.
“Nicaragua ha explotado a sus propios trabajadores, lo que ha dado lugar a condiciones de competencia desleales; ha confiscado los intereses de propiedad de instituciones religiosas nacionales y extranjeras y de personas o empresas estadounidenses; y ha creado un entorno de alto riesgo para las empresas de Estados Unidos” detalla el informe de 46 páginas del USTR.
