De acuerdo con la fiscalía surcoreana, Yoon Suk Yeol lideró una acción calificada como “insurrección”, motivada por una “sed de poder” con la intención de instaurar un régimen autoritario. Los fiscales subrayaron que el exmandatario, de 65 años, no ha mostrado arrepentimiento alguno por una decisión que consideran una amenaza directa al sistema democrático del país.
La petición de pena capital fue presentada este martes 13 de enero de 2026 y representa uno de los procesos judiciales más graves contra un exjefe de Estado en la historia reciente de Corea del Sur.
El 3 de diciembre de 2024, Yoon sorprendió al país al anunciar por televisión la imposición de la ley marcial y ordenar el despliegue de tropas en el Parlamento. La medida fue revertida pocas horas después, cuando un grupo de legisladores logró ingresar al recinto y votó a favor de suspender el decreto presidencial.
El episodio desató una ola de protestas masivas y una prolongada crisis política que paralizó al gobierno durante meses, hasta que el Tribunal Constitucional destituyó formalmente a Yoon en abril de 2025.
Aunque Corea del Sur mantiene la pena de muerte en su marco legal, no se ha realizado ninguna ejecución desde 1997, lo que convierte la solicitud de la fiscalía en un gesto simbólico y político de alto impacto. El caso ha reabierto el debate nacional sobre la vigencia de la pena capital y los límites del poder presidencial en una democracia consolidada.
Yoon justificó en su momento la ley marcial argumentando que el Parlamento, dominado por la oposición, bloqueaba el presupuesto nacional. Sin embargo, para los fiscales, esta explicación no justifica una medida extrema que evocó los años de dictaduras militares de la década de 1980.
