La Cámara de Diputados aprobó en lo general -con 324 votos a favor, y 129 en contra – reformas a la Ley General de Salud, entre las que destaca la prohibición total de vapeadores, cigarrillos electrónicos o similares.
De acuerdo al documento avalado, se sancionará hasta con ocho años de prisión y multas de entre 11 mil y 226 mil pesos a quienes se dediquen a la fabricación, importación, exportación, distribución, comercialización, publicidad y uso de estos aparatos.
Al inicio de la discusión, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Irais Virginia Reyes presentó una moción suspensiva para evitar discutir el dictamen, argumentando que es “la reforma más prohibicionista, más autoritaria y más absurda que este país ha visto en décadas”.
Asimismo, dijo que el gobierno prefiere prohibir en lugar de regular, incluso, comparó las penas propuestas con delitos graves como “golpear brutalmente a una mujer se castiga con menos pena que comprar un vapeador”.
Dejó en claro que se criminaliza toda la cadena comercial, “el mercado no desaparece, cambia de dueño”, que sería el mercado ilícito, “que no paga impuestos, no respeta reglas… y sabe operar en la clandestinidad”.
La moción fue rechazada por la mayoría de los legisladores.
Asimismo, el PRI anunció que no podría acompañar esta reforma pues la propuesta contiene sanciones desproporcionadas que afectarían a la población.
En tribuna, la diputada priísta, Ana González, criticó que el dictamen incluye los artículos 282 Quáter y 456 Bis, los cuales contemplan penas para personas que adquieran, consuman, produzcan, importen o simplemente conserven un cigarrillo electrónico o vapeador.
