La Fiscalía General de la República (FGR) informó que no cuenta con elementos de prueba ni con fundamento legal suficiente para abrir una carpeta de investigación en contra de Andrés Manuel López Beltrán y del senador Adán Augusto López Hernández, en relación con la trama de contrabando de combustible conocida como «huachicol fiscal».
El pronunciamiento del órgano autónomo responde a las declaraciones emitidas desde el penal del Altiplano por el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien en una entrevista escrita aseguró que testigos clave dentro de la causa penal han mencionado a ambos personajes en sus testimonios.
Inconsistencia jurídica en los señalamientos de la defensa
La representación social de la Federación precisó la naturaleza legal de las menciones vertidas en la indagatoria y desestimó su valor probatorio directo:
Calificación como «testigos de oídas»: La FGR aclaró que las alusiones atribuidas a los testigos protegidos identificados como «Santo» y «JCSP» constituyen testimonios indirectos que carecen de solidez y sustento jurídico para iniciar una pesquisa formal contra los señalados.
Exhorto al debido proceso: La dependencia federal exhortó al imputado Farías Laguna a aportar pruebas materiales ante la autoridad judicial competente y evitar el litigio mediático: «Debe quedar claro que las manifestaciones del imputado […] deberán hacerse valer ante la autoridad judicial competente, conforme lo señala el debido proceso, no de manera mediática».
Avances en la investigación e imputados en proceso
Pese al descarte de investigaciones contra el hijo del expresidente y el legislador tabasqueño, la FGR confirmó que mantiene abiertas las diligencias contra otros presuntos implicados en la red aduanera:
Sujetos bajo indagatoria: La institución continúa integrando los expedientes dirigidos a esclarecer la probable participación de Rubén Alfonso Vargas Juárez y Luis Jorge «N» en el esquema de contrabando.
Procesados en el caso: Respecto a la red logística que facilitó el atracamiento e ingreso ilegal del buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, Tamaulipas, la FGR vinculó a proceso penal a 17 personas, acusadas de coordinar la entrada de millones de litros de hidrocarburo no declarados ante las autoridades aduaneras.
