En México, el uso de demandas civiles, denuncias penales, procedimientos electorales y sanciones administrativas contra periodistas y medios se ha consolidado en los últimos seis años como una forma de presión sobre el trabajo informativo. El fenómeno, documentado por organizaciones de defensa de la libertad de expresión, afecta a comunicadores que investigan corrupción, decisiones de gobierno, procesos electorales, redes de poder y actuaciones de funcionarios públicos.
Entre 2020 y 2025, los casos de acoso judicial contra periodistas tuvieron distintas rutas: demandas por daño moral, denuncias por supuesta difamación, investigaciones penales, quejas por violencia política de género, órdenes de retiro de contenido y medidas cautelares para impedir nuevas publicaciones. En buen chilango, el pleito ya no sólo se da en la calle o en redes: también se está jugando en juzgados, fiscalías y tribunales.
De acuerdo con registros especializados, ARTICLE 19 documentó 39 casos en 2020, 40 en 2021, 32 en 2022, 22 en 2023, 21 en 2024 y 51 sólo entre enero y julio de 2025. Este último dato encendió las alertas porque, en siete meses, la cifra ya había superado los registros anuales previos. La tendencia muestra que el uso de vías legales contra comunicadores no es un hecho aislado, sino una práctica cada vez más visible.
Uno de los cambios más relevantes es el crecimiento de los procedimientos electorales. En 2025, una parte importante de los casos se canalizó por esa vía, especialmente bajo argumentos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género. Esa figura fue creada para proteger derechos políticos de las mujeres, pero organizaciones civiles han advertido que en algunos expedientes se ha utilizado para pedir el retiro de publicaciones, sanciones contra periodistas o restricciones futuras al trabajo informativo.
El problema no se limita a una entidad. En 2025 se ubicaron procesos en 17 estados, con mayor concentración en Veracruz, Ciudad de México y Jalisco. En años anteriores también destacaron casos en Puebla, Yucatán, Sinaloa, Campeche, Tamaulipas y Veracruz. La dispersión territorial indica que el fenómeno no depende sólo del poder federal, sino también de gobiernos estatales, autoridades locales, candidaturas, partidos y actores privados con capacidad económica o política para litigar.
Maya Comunicación
