Ciudad de México. Ante las recientes críticas al Instituto Nacional Electoral (INE), en el sentido de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) le volvió a “corregir la plana”, consejeros de este órgano dijeron que no se dejarán intimidar por estos comentarios. Una de ellas, Frida Gómez Puga, dijo que ha recibido “amenazas graves” que ponen en riesgo su integridad y la de su familia por haber propuesto un mecanismo para dar salida a las boletas planchadas o sin dobleces.
Enseguida tomó la palabra el consejero Arturo Chávez, en defensa de su colega y de las decisiones que toma el INE en el ejercicio de su facultad de interpretar la norma.
“Quiero decirles que la interpretación de la norma es inherente a todo proceso jurídico. Quien crea que ‘la ley es la ley’ tiene un pensamiento autoritario. En este Consejo hemos diferido más de una vez sobre tal o cual medida que se debe tomar”.
Recordó que tanto en el INE como en el TEPJF no siempre se resuelve por unanimidad y que los magistrados algunas veces le dan la razón al criterio aplicado por el INE y otras tantas, no.
“El Tribunal no corrige la plana a nadie, como dice cierta propaganda amarillista, ni da estrellitas cuando ratifica una decisión. Por otro lado, el trabajo colegiado no significa unanimidad”, aseveró.
El primer punto del orden del día era el acatamiento a una sentencia del TEPJF para permitir la participación de los partidos en las sesiones de la Comisión de Verificación de Candidaturas. No obstante, la consejera Gómez incluyó ahí el punto de las boletas planchadas y defendió la propuesta, a partir de la cual se construyó el acuerdo revocado ayer por el TEPJF.
La consejera argumentó que con el mecanismo presentado en el Consejo buscó subsanar una omisión histórica de los partidos frente a un fenómeno —el de las boletas planchadas— presente en México desde los años sesenta.
Esa deuda histórica —advirtió— “no puede pagarse con el descrédito, la intimidación o la persecución de las autoridades electorales”.
Sostuvo que el INE no aprobó la validez de las boletas sin marcas y tampoco buscó beneficiar a alguna fuerza política, sino llevar la revisión de estas papeletas a los consejos distritales, donde todos los partidos tienen representación.
Dijo que asumió el “costo político” de su propuesta porque no llegó al INE a “administrar silencios ni a acomodar convicciones u opiniones técnicas”.
Sin embargo, agregó la consejera Gómez Puga, “las campañas de descrédito no solo buscan afectar reputaciones; estas pueden convertirse en una forma de presión sobre quienes tenemos responsabilidad de decidir”.
Incluso mencionó que ese fenómeno, el de las campañas de descrédito, es un problema global en el cual primero se cuestionan las decisiones del árbitro electoral y luego se desacredita a quien las toma.
“Si esto se normaliza, la presión puede terminar buscando inhibir la libertad de decidir. En esta herradura, pensar distinto nunca debe convertirse en un riesgo, debe seguir siendo una expresión legítima de la democracia”.
