Quintana Roo.- Mientras que en Quintana Roo hay una ley congelada sobre muerte asistida, decenas de personas piden ayuda a notarios públicos para dejar de sufrir, afirmó el diputado Hugo Alday Nieto quien exhortó a sus compañeros diputados a tomar en cuenta el soñado caso que se registró en España.
El legislador por el PT se cuestionó ¿qué es lo digno? ¿Qué es una vida digna? ¿Quién decide quién elige la vida digna? ¿Si puedes llevarla o no? ¿Si es con dolor absolutamente todo el día? Personas con problemas de movilidad, sin control de esfínteres, quienes no pueden deglutir,que viven en hospitales conectados todos los días, etcétera.
Destacó la importancia de que desde el congreso local se retome esa propuesta sobre la voluntad anticipada.
Aclaró que la propuesta que presentó no hablaba sobre la eutanasia, que refiere a aquella decisión personal para terminar con la vida de una persona.
La voluntad anticipada, aclaró, es la decisión de una persona que está en situación de las antes mencionadas para decidir que no quiere continuar con procesos en caso de que vaya a estar conectada a una máquina o un respirador después de que tenga el deceso.
Por ello, invita a sus compañeros de legislatura a tomar decisiones sobre esa iniciativa que está en tres comisiones, la de salud, justicia y puntos legislativos.
Sostuvo que sería muy interesante platicar con enfermos terminales, con personas con discapacidad que tienen dolor constante o que no tienen funciones suficientes, con adultos mayores que poco a poco pierdan capacidades y también con el colegio de notarios públicos a quienes les llegan peticiones todos los días sobre este tema y no hay manera de que puedan resolverles.
Al respecto, el Notario Público Adrián Samos Medina sostuvo que sería necesario revisar si hay mecanismos que permitan legislar sobre el tema, pues el código federal no solo no lo permite, sino sanciona a quienes pudieran incurrir en este tipo de actos de muerte asistida.
Dijo que los notarios públicos pueden trabajar en la distribución y herencia de bienes materiales de alguna persona, pero no sobre su vida, pues esa es un don consagrado en la Carta Magna.
Recurso que Yucatan ya legisló sobre ese tema, pero sería importante revisar bajo qué mecanismos trabajaron y cómo salvaron la legislación federal, que no es concurrente a las pretendidas modificaciones legales locales.
