Quintana Roo.- El congreso local aprobó modificaciones a la Ley de Movilidad para que los ayuntamientos puedan celebrar contratos hasta de 30 años, comprometiendo a futuras administraciones.
El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), José Luis Pech Várguez, advirtió que “los verdes” instalarán sus negocios de transporte.
El presidente del Observatorio Legislativo, Eduardo Galaviz, sugirió que la propuesta de esta ley abre posibilidades para que mediante una supuesta modernización se generen oportunidades de negocios que serán cubiertos sus costos por los ciudadanos o por el gobierno, tal y como está sucediendo en el vecino estado de Yucatán.
En sesión ordinaria, y con el voto a favor de la mayoría, excepto de los emecistas, la legislatura aprobó la reforma que armoniza la legislación en la materia y fortalece el derecho a la movilidad de las personas, a través de la implementación de un Sistema Integrado de Transporte, con el propósito de superar la fragmentación y las desigualdades del servicio entre regiones, así como establecer estándares de cobertura, eficiencia, sustentabilidad y seguridad, en beneficio de la población usuaria en el ámbito estatal y municipal.
Con las modificaciones se establece la responsabilidad del Estado en el diseño, implementación y operación del Sistema Integrado de Transporte, incluyendo previa suscripción de los convenios respectivos con los municipios, la modalidad de autobuses urbanos en ruta establecida.
Al respecto, el diputado por MC, Pech Várguez, sostuvo que está muy de acuerdo en ofrecer a los ciudadanos un transporte urbano eficiente, limpio, ágil, pero en donde no está de acuerdo es con que se modifiquen las leyes para dejar sin futuro las finanzas municipales hasta por los próximos 30 años.
Sostuvo que la iniciativa de reforma presentada al congreso por la gobernadora, estuvo planeada desde el año pasado, aunque apenas hace unos días se presentó ante el congreso, pues a principios del año pasado la legislatura hizo una modificación legal para eliminar el requisito de vecindad para nombrar, solo al director del Instituto de Movilidad, y “casualmente”, a los pocos meses nombraron al actual director, Rafael Hernández Kotasek, quien antes había desempeñado un cargo similar en Yucatán, en donde creó un sistema de transporte que según dejó un quebranto financiero de más de 775 millones de pesos.
Dijo que esta reforma recién aprobada permitirá a los ayuntamientos hacer convenios para la contratación de empresas de transporte por 10 a 30 años, traspasando totalmente cualquier administración, por lo que mandó un mensaje a todos los diputados que llevan el águila en el pecho “deben evitar que nuestra águila se convierta en Tucán porque si levantan la vista, el escudo nacional dice que el enemigo eterno del águila es la serpiente, y esa es verde”.
En contraparte, el diputado por el PT, Hugo Alday, indicó que la reforma recién aprobada permitirá contar con un servicio de transporte moderno, y sobre todo, intermunicipal.
Aclaró que los transportistas ya no ganarán por pasajero transportado, sino por kilómetros recorridos, así que se terminará con los vicios de las famosas competencias por ganar pasaje.
Por último, el presidente del Observatorio Legislativo afirmó que en las decisiones, propuestas e iniciativas que se están emitiendo, poco a poco se va fortaleciendo una estructura de manejo legal orientado a lo político y a un centralismo en la toma de decisiones públicas, situación que ocasionan la pérdida de contrapesos y de reducción de atribuciones a otras entidades, como los municipios que tienen un papel relevante en la organización político y administrativa en la nación.
Como ejemplo citó los convenios de colaboración que se están publicando en el Periódico Oficial del Estado, en donde los ayuntamientos le ceden el cobro del impuesto predial al gobierno estatal, con anterioridad se aprobó que el cobro por la emisión de licencias de automóvil que se trasladado de los municipios al Imoveqroo, y ahora les retirarán la concesión del transporte público.
