El Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad un conjunto de reformas que endurece las penas por el delito de despojo y actualiza las circunstancias que lo agravan.
Con 58 votos a favor, el pleno dio luz verde a modificaciones al Código Penal, Código Civil, Ley Registral y Ley del Notariado, resultado de una iniciativa presentada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y respaldada también por el diputado Diego Garrido López (PAN).
Las autoridades capitalinas señalaron que este ajuste legislativo busca responder a un fenómeno delictivo que ha crecido en los últimos años y que ha afectado de manera directa a familias, adultos mayores y comunidades vulnerables.
La reforma incrementa la pena mínima de cinco a seis años y la máxima de diez a once años de prisión para quien ocupe un inmueble ajeno mediante violencia física o moral.
A esta sanción se suma una multa que puede variar entre 200 y mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de la gravedad del caso.
De esta manera, el Congreso capitalino actualiza un marco jurídico que, según legisladores, había quedado rezagado respecto a las nuevas modalidades de fraude y ocupación ilegal.
El dictamen también incorpora nuevas agravantes que amplían los supuestos en los que la penalidad aumenta.
Bajo las reformas, el despojo cometido en perjuicio de adultos mayores, personas con discapacidad, menores de edad, mujeres embarazadas o integrantes de comunidades indígenas podrá recibir penas de siete a once años de cárcel.
En casos especialmente graves, estas sanciones podrán duplicarse, llegando hasta 22 años de prisión.
Estas disposiciones buscan proteger a sectores considerados de mayor vulnerabilidad ante prácticas de intimidación, engaños o violencia.
Asimismo, se establecen mayores penas cuando el delito sea cometido por servidores públicos, cuando exista parentesco entre la víctima y el agresor, o cuando quien comete el despojo simule tener facultades de autoridad.
Una de las modificaciones más relevantes es la incorporación de sanciones para quienes, aun después de ser requeridos formalmente por una autoridad, mantengan la ocupación indebida del bien o impidan el uso material del mismo por parte de su legítimo propietario.
Aunque la jefa de Gobierno propuso incluir como agravante los casos ocurridos en predios ubicados dentro de Áreas Naturales Protegidas, esa medida no fue integrada en el dictamen final.
