La Cámara de Diputados aprobó un conjunto de reformas al Código Fiscal de la Federación, las cuales otorgan nuevas facultades al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de fiscalización digital.
La modificación central es la adición del Artículo 30-B, que establece la obligación para las empresas que prestan servicios digitales (como plataformas de streaming, aplicaciones de citas, servicios de enseñanza en línea o de intermediación) de permitir a las autoridades fiscales el acceso permanente, en línea y en tiempo real, a la información de sus sistemas relacionada con las operaciones de los usuarios.
Esta medida tiene como propósito verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales dentro de la economía digital.
En caso de que un proveedor de servicios digitales no cumpla con esta disposición, se contempla como sanción el bloqueo temporal del acceso a su plataforma en el territorio nacional.
Por otro lado, las reformas también refuerzan las acciones contra la evasión fiscal. Se incrementan las penas, que pueden alcanzar hasta nueve años de prisión, para quienes estén involucrados en la emisión, compra, venta o uso de comprobantes fiscales falsos.
Asimismo, se otorgan facultades al SAT para presentar querellas penales en estos casos y para negar la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes a personas vinculadas con empresas que hayan sido sancionadas previamente por prácticas fiscales irregulares.
Durante el debate legislativo, la mayoría oficialista argumentó que estas reformas son necesarias para combatir la evasión fiscal, cerrar brechas en la recaudación y modernizar la fiscalización.
En contraste, legisladores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil manifestaron su desacuerdo, señalando que las nuevas facultades de acceso a datos podrían afectar el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, al no existir, a su juicio, un control judicial previo que evite intrusiones arbitrarias.
También se expresó preocupación por que la medida de bloqueo de plataformas pueda impactar la libertad de expresión.
La reforma fue enviada al Senado de la República para continuar con su proceso legislativo y, de ser ratificada, se prevé que entre en vigor el 1 de abril de 2026.
