Guerrero.- El Consejo indígena y popular de de Guerrero- Emiliano Zapata(Cipog-EZ), dio a conocer el asesinato a tiros de Tomás Augusto Lozano Analco, director de Obras Públicas y de Francisco Bonilla, contador de Ayutla de Los Libres, ambos ciudadanos de la Casa de los Pueblos de dicho municipio.
Mediante un comunicado, organizaciones sociales, pueblos y autoridades comunitarias, ejidales y comunales de 85 localidades de dicho municipio, así como representantes de la Montaña Alta y Baja y Costa Chica de Guerrero, responsabilizaron del doble homicidio al grupo delictivo Los Ardillos.
“Los dos ciudadanos fueron atacados a balazos a las 19 horas el día 3 de marzo, cuando hombres armados del grupo criminal Los Ardillos, rafaguearon la camioneta en la que viajaban, después del puente Omitlán, cerca del municipio de Juan R. Escudero, sobre la vía que comunica con los municipios de Tecoanapa, y Ayutla de Los Libres”, mencionaron.
Señalaron como responsable a Daniel Rosas Martínez, quien actúa como operador de Los Ardillos, en la región “se autonombra coordinador de comisarios de la zona rural de Acapulco, Tecoanapa y Tierra Colorada, obligando a comunidades a participar en narcobloqueos en la Autopista del Sol y manteniendo el control a través del terror”.
Los miembros del Cipog-EZ denunciaron la complicidad de los atacantes con autoridades locales, como César Ramírez, director de la policía del municipio Juan R. Escudero y al presidente municipal, Óscar Sánchez Luna.
La expansión del grupo criminal, así como su control en municipios y carreteras, ocurre frente a los ojos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano; los delincuentes se mueven libremente, instalan retenes, bloquean carreteras, asesinan y desaparecen personas a plena luz del día, con total impunidad.
Aseguraron que la célula delictiva es responsable “del asesinato de 70 integrantes del Cipog-EZ, la desaparición de 25 más, así como el asesinato de los 13 policías comunitarios de El Cortijo. Además han asesinado, torturado y desaparecido menores de edad, campesinos, comerciantes, ganaderos, transportistas, políticos, personas de la tercera edad, hombres y mujeres”, todos crímenes que siguen impunes, dijeron.
Manifestaron que “también han lanzado ataques violentos con drones contra las comunidades de El Charco, Tlayolapa y Ochoapa, donde los pueblos se organizan para defender su territorio frente a la violencia narco-paramilitar; esta ola de violencia no es nueva; forma parte de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos de Guerrero, y que se ha intensificado en los últimos 25 años”.
Responsabilizamos a los tres niveles de gobierno “por permitir la expansión de esta organización criminal. El estado mexicano ha dado luz verde a asesinatos, desapariciones y bloqueos, mientras quienes defendemos la vida y la madre tierra somos perseguidos y asesinados”.
Exigimos “justicia para todas las víctimas y la desarticulación de las organizaciones criminales que operan con impunidad en nuestro estado, así como una investigación que sancione a los responsables de estos crímenes. Hacemos responsable al Estado mexicano de la guerra de exterminio que viven nuestros pueblos y de cualquier agresión, atentado o persecución contra nuestras comunidades, asambleas y sistemas de seguridad comunitaria, así como contra los integrantes y promotores del CIPOG-EZ, quienes luchamos por la vida”, concluyeron.
