La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que al gobierno federal no le corresponde sancionar el presunto desvío millonario detectado en el gobierno de Nuevo León encabezado por Samuel García Sepúlveda, y que la investigación debe recaer en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en las autoridades fiscalizadoras estatales.
«Las atribuciones del gobierno federal sobre los gobiernos estatales en términos de investigación, es decir, no tiene atribución Raquel [Buenrostro] para investigar al gobierno de Nuevo León o a ningún gobierno estatal», señaló en su conferencia Mañanera del Pueblo de este jueves 5 de noviembre.
La mandataria fue cuestionada sobre la triangulación de recursos públicos revelada el pasado 31 de octubre por la ASF en la Cámara de Diputados, donde su titular, Aureliano Hernández, informó de un esquema que habría desviado al menos 728.13 millones de pesos del erario de Nuevo León hacia el despacho Firma Jurídica y Fiscal, vinculado al gobernador y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro. En medios se ha hablado de una ruta de hasta 5 mil 851 millones de pesos transferidos a una constructora y luego dispersados, con una denuncia penal presentada por la ASF el 16 de octubre ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Sheinbaum explicó que cuando se trata de recursos federales, quien tiene atribución es la ASF, y cuando son recursos estatales, corresponde a la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.
«¿Quién tiene atribución cuando hay uso de recursos federales? La Auditoría Superior de la Federación. Si la Auditoría Superior de la Federación solicita algo a la UIF o alguna información por parte de la Secretaría de Hacienda, se tiene que proporcionar, pero no le corresponde al gobierno federal la sanción. Ese es el Estado Federal que nosotros tenemos, y afortunadamente lo tenemos porque hay autonomía de los estados», puntualizó.
Precisó que la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, no tiene facultades para investigar directamente a gobiernos estatales, pero las dependencias federales sí pueden coadyuvar si hay solicitud formal.
«Si solicita información la Auditoría Superior de la Federación, por supuesto», respondió al ser cuestionada sobre la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a Hacienda.
El fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, aclaró que los hechos denunciados por la ASF son distintos a los investigados anteriormente por la fiscalía local. Mientras tanto, el gobierno de Samuel García no ha emitido posicionamiento oficial tras la denuncia.
La presidenta insistió en que la imposición de sanciones no corresponde al Ejecutivo federal, sino a las instancias competentes, en respeto al federalismo y para garantizar que la investigación sea transparente y se esclarezca el destino de los recursos públicos.
