El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad de 96 votos una reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor orientada a sancionar a empresas que incurran en prácticas reiteradas de acoso telefónico o envío de comunicaciones comerciales no autorizadas.
La modificación a los artículos 18 Bis y 127 de dicho marco normativo —impulsada por la senadora Mayuli Martínez— contempla un esquema sancionatorio con multas de entre 56 mil 570 pesos y hasta 2.34 millones de pesos a proveedores que vulneren la privacidad del consumidor. La iniciativa, que mantiene además la figura de responsabilidad solidaria cuando el contacto sea ejecutado por despachos o terceros contratados, prohíbe el bombardeo publicitario por cualquier canal a usuarios no consolidados en bases de consentimiento. Tras su aprobación en la Cámara Alta, el dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual ratificación.
