La infiltración del crimen organizado en estructuras vinculadas al movimiento normalista fue documentada en mil 61 eventos delictivos entre enero de 2021 y abril de 2026, equivalentes a un caso cada 44 horas, según la investigación «Estado en retirada: entre la protesta legítima y la cooptación delictiva organizada».
El estudio, elaborado por el periodista Óscar Balderas junto con Defensorxs y Narcodata y presentado el 22 de septiembre en la Universidad del Claustro de Sor Juana, advierte que personas ajenas a las comunidades estudiantiles utilizan la identidad normalista para cometer saqueos, robos, bloqueos carreteros y privaciones ilegales de la libertad.
La investigación denomina «falsos normalistas» a quienes se presentan como estudiantes o dirigentes sin formar parte activa de la comunidad, y a quienes mantienen vínculos con estructuras delictivas y grupos políticos locales.
De acuerdo con Balderas, 60 por ciento de los hechos se concentra en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla, estados donde coinciden Escuelas Normales Rurales y alta presencia criminal. La geografía de impunidad, explicó, coincide con municipios donde operan organizaciones delictivas.
El informe calcula pérdidas promedio de 66 mil 600 pesos por empresa afectada, por mercancías sustraídas, daños a vehículos y gastos operativos, con impacto en cadenas de distribución.
Balderas aclaró que el objetivo no es criminalizar las causas históricas del normalismo, incluidas las relacionadas con los 43 de Ayotzinapa, sino distinguir la protesta legítima de la cooptación. Señaló que parte de lo robado se distribuye en comunidades para generar respaldo social y capacidad de negociación política.
Advirtió que, si no se extrae al crimen organizado, los falsos normalistas se volverán indispensables para gobiernos locales en época electoral. La presentación ocurrió a cinco días del aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
