Este 11 de abril entra en vigor la reforma constitucional que fija límites a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.
Los cambios al artículo 127 de la Constitución indican que ninguna persona servidora pública podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos o producto de condiciones generales de trabajo, de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función.
“La suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente”, se indica en el decreto publicado en edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
En esta determinación quedan excluidas las fuerzas armadas; las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, así como en las integradas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios.
A partir dela entrada en vigor del decreto, todas las jubilaciones o pensiones que no estén excluidas, y que se hayan otorgado con anterioridad, deberán ajustarse al límite establecido, incluyendo las que se encuentren vigentes.
Señala además, en el transitorio tercero, que “los haberes de retiro concedidos conforme al marco constitucional vigente con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto se conservarán en los términos en que fueron reconocidos”.
Añade que las aportaciones que realice el Estado a cuentas individuales o planes complementarios de pensiones o jubilaciones de los trabajadores de entidades federativas y de los municipios se sujetarán al límite previsto.
En un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de esta entrada en vigor, el Congreso de la Unión y las legislaturas locales deberán adecuar el marco jurídico aplicable, para hacerlo congruente con lo dispuesto en el decreto.
Finalmente puntualiza que las erogaciones que se generen con motivo de esta entrada en vigor se cubrirán con cargo a los presupuestos otorgados.
El decreto fue firmado este viernes por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.
