Quito, Ecuador.- La Asamblea Nacional del Ecuador, a pedido del presidente Daniel Noboa, aprobó, este martes la ley orgánica para el fortalecimiento de la ciberseguridad, “un instrumento clave para reforzar la seguridad digital del país”, como reza el propósito del proyecto impulsado inicialmente por el ministerio de Telecomunicaciones. Sin embargo, los asambleístas que votaron en contra aducen que con este marco legal se estaría implementando un aparato de control y vigilancia a la ciudadanía y en particular a la oposición política.
La mayor objeción en el debate político es la relación directa entre el uso de la tecnología de Palantir Technologies y la estrategia de seguridad del gobierno de Noboa, la cual se formaliza bajo el marco de esta nueva ley. Esta empresa tiene un contrato vigente para Seguridad Nacional, firmado en mayo de 2025, para identificar redes de contrabando y riesgos en exportaciones/importaciones en tiempo real. Además, se pretende fortalecer la seguridad del comercio legal mediante el perfilamiento de más de 90 por ciento de las declaraciones aduaneras, entre otras acciones.
Palantir Technologies Inc. es una empresa estadunidense que “desarrolla plataformas de integración y análisis de datos que permiten a agencias gubernamentales, militares y corporaciones combinar y analizar datos de múltiples fuentes”, como consta en su web. Y funge como contratista de agencias de inteligencia (la Agencia Central de Inteligencia o la Agencia de Seguridad Nacional, ambas de Estados Unidos) y el riesgo de que su software de policía predictiva se use para la vigilancia masiva de ciudadanos bajo el pretexto de “seguridad nacional”.
La intención de Noboa sería “prevenir delitos en el entorno digital contra el Estado y los ciudadanos, protegiendo infraestructuras críticas y servicios digitales estratégicos”. Además, sostienen los funcionarios, esta ley promovería “el uso adecuado de los conceptos relacionados con la ciberseguridad y asegurando la incorporación de buenas prácticas internacionales”.
En el debate legislativo, se puntualizaron objeciones como que se acentúa una mayor concentración de poder y control estatal en las telecomunicaciones. Y algunas organizaciones de defensa de la libertad de expresión y de prensa alertaron de riesgos, pues esta normativa podría usarse políticamente para debilitar principios democráticos o generar mecanismos de inhibición en las investigaciones periodísticas.
A todo ello se suma la advertencia de vulneración de la privacidad, porque después de los levantamientos indígenas y populares de junio de 2022 y septiembre de 2025 ya se usaron tecnologías para interceptar comunicaciones privadas, comprometiendo el derecho constitucional a la protección de datos.
Organizaciones como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador señaló en denuncias internacionales que no solo interceptaron líneas telefónicas analógicas y digitales sino que también bloquearon las comunicaciones en las zonas de alta persecución contra las comunidades campesinas.
Incluso, las autoridades del ministerio de Telecomunicaciones han señalado que esta ley se adecuará “con instrumentos estratégicos como la Política Nacional de Ciberseguridad y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, actualmente en proceso de actualización, con el fin de garantizar coherencia normativa y una visión integral del ecosistema digital”.
