Ciudad De México.– El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) dio a conocer que la discriminación por embarazo y maternidad continúa siendo una de las problemáticas recurrentes que enfrentan las personas en la capital.
Lo anterior, al dar los resultados de los casos atendidos por discriminación durante el año 2025.
El COPRED informó que el embarazo se posiciona como el segundo motivo más frecuente en los expedientes de queja y reclamación, con 29 casos registrados en el 2025, a lo que se suman los casos vinculados con maternidad.
En este sentido, dichos datos reflejan la persistencia de prácticas discriminatorias, particularmente en espacios laborales, que limitan el ejercicio de derechos de mujeres y personas gestantes.
Al respecto de la situación, la presidenta del Consejo, Geraldina González de la Vega Hernández, refirió que la discriminación por embarazo en el ámbito laboral continua como un problema latente.
También indicó que el problema ha sido visibilizado por el Consejo desde hace varios años y que a pesar de los instrumentos jurídicos y el marco legal local y nacional continúa como práctica recurrente.
“El número de personas que vienen a denunciar al COPRED es muchísimo menor de la realidad que está sucediendo allá afuera, pues está práctica discriminatoria está normalizada, por ello, desde esta institución hacemos ese llamado a las mujeres y personas gestantes que están siendo discriminadas en sus empleos con motivo de su embarazo o de su regreso de la maternidad acudan al Consejo a denunciar”, señaló.
Igualmente, refirió que la situación de discriminación por embarazo o maternidad, a nivel nacional, es muy similar, los datos de instancias como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) confirman que esta práctica discriminatoria continúa sucediendo.
Por lo anterior, el órgano recomendó de manera urgente la creación de un espacio intersectorial para la prevención y atención de esta problemática que involucre a Gobierno, sector empresarial (cámaras y asociaciones), sociedad civil y academia para diseñar, impulsar, implementar y dar seguimiento a diversas acciones que eliminen esta práctica.
Entre las acciones que la presidenta del Consejo destacó que se encuentra el fortalecimiento de las inspecciones laborales en empresas privadas, con enfoque de derechos reproductivos y no discriminación; incrementar las campañas de sensibilización y prevención; capacitación obligatoria en materia de igualdad laboral y discriminación para empleadores y empleadoras del sector privado y público.
Y, por último, recomendó impulsar una reforma legal local que refuerce la prevención y en su caso, sanciones por discriminación laboral por embarazo; la promoción de sistemas de cumplimiento proactivo, como distintivos de igualdad laboral con criterios específicos de embarazo y maternidad; el monitoreo con enfoque interseccional, la obligatoriedad de reportar datos como la brecha salarial, datos desagregados, focalizar acciones según sectores con mayor incidencia; reforzar los canales de denuncia y acompañamiento, y, finalmente, evaluar los impactos de la pandemia por COVID-19 pues se presentaron casos graves durante ese periodo.
