Cancún, Quintana Roo.- Luego de varios años en litigio, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito emitió una sentencia para que autoridades estatales y municipales corrijan las graves irregularidades en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey, donde familias viven en condiciones mínimas de dignidad, con un drenaje rebasado, sin acceso diario al agua y sin seguridad.
En conferencia de prensa, Mónica Huerta, representante jurídica de la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), y Gerardo Ruiz Guizasol, presidente del Comité Vecinal Paseos Nicte Ha, dieron a conocer que la resolución emitida en el amparo en revisión 280/2024, el 19 de febrero, dejó en claro que las autoridades no pueden ignorar a los desarrollos habitacionales que fueron entregados sin drenaje, infraestructura hidráulica adecuada y en condiciones que vulneran derechos fundamentales.
Explicaron que la sentencia establece obligaciones inmediatas y verificable, donde los municipios deben reconocer formalmente el incumplimiento del desarrollador; mientras, el gobierno estatal tiene que iniciar sin demora un procedimiento legal para obligar a concluir las obras de agua potable y alcantarillado.
De igual manera fija un plazo máximo de tres días para que el constructor responda; en caso de que no cumpla, los gobiernos deberán ejecutar una fianza por más de 12.7 millones de pesos, dinero con el que el estado realizará directamente las obras en un plazo no mayor a seis meses.
Los entrevistados señalaron que con el fallo, el Tribunal Colegiado termina con la práctica común de deslindar responsabilidades, mientras las familias viven entre aguas negras y servicios inexistentes.
Asimismo, el órgano colegiado confirmó que aunque no todas las instituciones tienen facultades, las autoridades competentes en desarrollo urbano están obligadas a vigilar, actuar y corregir; además, reconoce que el derecho a la vivienda digna no se cumple con entregar una casa, sino con garantizar condiciones reales de habitabilidad, tales como agua, drenaje, saneamiento y entorno seguro.
Indicaron que la sentencia sienta precedente para Quintana Roo, en donde hay cientos de fraccionamientos en las mismas condiciones, así como para todo el país. También marcará un antes y un después para las autoridades, porque ya no podrán justificar su inacción; ni las desarrolladoras evadir sus obligaciones; y para la ciudadanía abre la puerta para exigir soluciones reales.
Dijeron que en un estado donde este tipo de irregularidades se repiten sistemáticamente, esta sentencia representa un llamado urgente a corregir un modelo de desarrollo urbano que ha privilegiado la expansión inmobiliaria sobre los derechos humanos.
Recordaron que hace más de 10 años, cuando se puso a la venta el fraccionamiento, se ofertó en tres etapas, la primera en construirse fue de 300 casas, para lo cual se construyó una planta de tratamiento de agua, pero no se edificaron más y esa misma se utilizó para dar servicio a las otras dos etapas, sumando en total 4 mil 700 viviendas, por lo que colapsó,y dejó sin drenaje a toda la zona.
El agua potable, dijeron, llega en dosis menores, sin presión, cuando llega, sólo a los primeros niveles, pero en los edificios definitivamente no hay, sobre todo porque la desarrolladora no construyó cisternas para abastecerse de agua.
