Luego de un debate que se extendió por seis horas y media, la Cámara de Diputados avaló en lo particular la reforma al artículo 127 de la Constitución, para concretar la eliminación de las llamadas “pensiones doradas”, al establecer que las jubilaciones no serán superiores a la mitad del salario mensual de la persona titular del Ejecutivo.
Aunque fue aprobada por unanimidad en lo general, la enmienda propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum registró 64 votos en contra, del PAN, por 363 en favor, de Morena, PT, PVEM y PRI, y 25 abstenciones de MC, por lo que alcanzó mayoría calificada y fue enviada a los congresos de los estados.
En la fase de la discusión en lo particular se inscribió un total de 119 reservas en voz de más de 90 oradores, tanto por parte de la oposición como de partidos aliados de Morena, pero ninguna de dichas propuestas fue admitida a discusión.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) subió a tribuna para presentar diversas observaciones para evitar que la aprobación de la enmienda en los términos en los que está pudiera generar afectaciones a trabajadores de confianza que obtuvieron legalmente pensiones que no son excesivas, pero fueron igualmente desechadas.
Una de ellas fue la de Ricardo Mejía Berdeja, quien alertó que “cuando se hace tabla rasa, pagan justos por pecadores y se afecta a personas que cumplieron largos años de servicio al país. No son lo mismo los pillos que se llevan millones de pesos, que los técnicos calificados o los jubilados de la Comisión Federal de Electricidad”.
Por tal razón, presentó dos reservas, para impedir que la aplicación retroactiva de la ley afecte los derechos ganados de los trabajadores, y que las autoridades competentes revisen los casos donde la norma deba ajustarse o incluso dejarse sin efecto, de acuerdo con la naturaleza de sus pensiones, pero ambas fueron desechadas.
El también petista Jorge Armando Ortiz alertó que “hay miles de trabajadores en este país que han denominado como trabajadores de confianza sin serlo, y creemos que se tienen que salvaguardar sus derechos de las pensiones y jubilaciones ganadas después de 25 o 30 años de trabajo”.
Por lo anterior, propuso una reserva para añadir un artículo transitorio séptimo para que quedaran excluidos del decreto “aquellos jubilados que prestaron sus servicios realizando funciones distintas a las establecidas en el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo”.
Lo anterior “permitiría que ellos se sumen a los trabajadores que excluye esta reforma, como son los de las Fuerzas Armadas, las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones voluntarias, las jubilaciones o pensiones constituidas a partir de aportaciones sindicales y quienes reciben la pensión no contributiva a la que se refiere el artículo 4”.
A pesar de dicha argumentación, también esa reserva fue desechada.
Por su parte, los priístas Humberto Ambriz Delgadillo, Marcela Guerra –que regresó de viaje- y Ana Isabel González, y el panista Guillermo Anaya Llamas, presentaron reservas para eliminar el artículo segundo transitorio, que posibilita la aplicación retroactiva de la ley, pero corrieron la misma suerte de las propuestas del PT y no fueron admitidas a discusión.
“Pensión dorada, la de Zaldívar”: oposición
Uno de los señalamientos constantes de las bancadas opositoras para criticar la reforma fue que el bloque de mayoría mostraba su preocupación por las “pensiones doradas” de ex funcionarios de CFE y Pemex, pero no mencionaba los haberes de retiro de los que gozan otros sectores, entre ellos los ex ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los militares.
En ese sentido, la priísta Nadia Navarro enfatizó: “Para legislar tenemos que ser congruentes, más aún cuando existen pensiones millonarias, grotescas, que no se eliminan, como las de Arturo Zaldívar, que aun cuando está en servicio activo (como Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia de México), cobra su pensión ostentosa como ministro en retiro”.
La vicecoordinadora del grupo parlamentario del PAN, Noemí Luna, también se enfocó en el asesor presidencial, al indicar que Zaldívar “percibió ingresos por alrededor de 505 mil pesos mensuales, 6 millones al año, como se ha documentado, entre pensión y cargo público en 2025. ¡Esas sí son pensiones doradas!”
En un tono particularmente duro, la petista Margarita García también aludió al ex ministro, a quien calificó como “un cínico y sinvergüenza que sólo habla cuando le conviene. Es un retrógrada y oportunista, y lo digo desde aquí para que nos escuche”.
Ya enfilada en el tema, la legisladora oaxaqueña recordó que en San Lázaro “tenemos a la compañera de Morena (la ministra en retiro Olga) Sánchez Cordero; preguntémosle cuánto tiene de pensión”.
Abigail Arredondo (PRI) también trajo a colación el caso del ministro en retiro y mencionó a Celia Maya, ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro, ex candidata de Morena a la gubernatura de Querétaro.
Ella, dijo, “recibe una pensión de más de 150 mil pesos mensuales, no obstante que ahora, producto de la reforma judicial, conforma el Tribunal de Disciplina Judicial, acumulando en su patrimonio hoy un sueldo de más o menos 350 mil pesos mensuales. ¿Por qué en esos casos no aplican la austeridad, compañeros de la 4T?”.
