México.- La Fiscalía General de la República (FGR) acusó ante una jueza federal al ex secretario de Administración y Finanzas del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Javier Tapia Santoyo, por haber adjudicado contratos de salud por más de 11 millones de pesos a una empresa fantasma cuando se desempeñó como tesorero del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE.
Se trata de la primera de varias indagatorias que la FGR tiene en contra del ex funcionario, señalado por diversos hechos de corrupción, los cuales le valieron la destitución de su cargo en el IPN el año pasado, por instrucción de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Autoridades judiciales indicaron al diario Milenio que la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, judicializó la carpeta de investigación número FED/FECC/UNAI-CDMX/0000530/2019 en contra de Tapia Santoyo y de dos ex funcionarios más del ISSSTE por los delitos de uso ilícito de atribuciones.
En la audiencia inicial realizada el 27 de febrero ante la jueza Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Federal del reclusorio Oriente, los fiscales señalaron que los imputados adjudicaron en 2018 tres contratos a la empresa Interacción Biomédica por 11 millones 147 mil pesos, pese a que desde un año antes dicha compañía se encontraba en el listado del SAT sobre empresas simuladoras de operaciones. Todo ello para insumos en el hospital 20 de Noviembre.
Se trató de la segunda vez que la FGR presentó estos cargos, luego de que hace unos días la carpeta fue devuelta para que se corrigieran algunos temas normativos.
La defensa de Tapia Santoyo pidió a la jueza federal la duplicidad del plazo que la ley marca para ofrecer pruebas, por lo que será el 4 de marzo cuando se resuelva su situación jurídica.
Quienes no quisieron esperar fueron los otros dos imputados, María Dolores Arellano Sesmas y Rodrigo Alberto Rodríguez Briceño, también ex funcionarios del ISSSTE. En su caso, la jueza consideró que los datos de prueba eran suficientes para vincularlos a proceso por el delito ya mencionado, y les impuso como medida cautelar la prohibición de dejar el país y firmar mensualmente mientras dura el proceso.
Cabe señalar que Arellano Sesmas se desempeñaba, al menos hasta octubre como titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
A principios de febrero, por este mismo caso, también fue vinculada a proceso Cecilia Guadalupe Orta Sosa, administradora única de la empresa Interacción Biomédica.
En diciembre de 2023, la organización especializada en combate a la corrupción, TOJIL, presentó una investigación llamada Clan Biomédica, en la que se documentó que Javier Tapia Santoyo tenía nexos contractuales y empresariales con una red de 84 empresas fachada, encabezada por Interacción Biomédica S.A. de C.V.
Biomédica no era cualquier empresa fantasma. Se trataba de la empresa simuladora de operaciones que había recibido la mayor cantidad de recursos públicos: más de 3 mil 300 millones de pesos.
La investigación documentó que Tapia, y personas ligadas a él, comenzaron a favorecer a empresas de la red desde los cargos que ocuparon en el ISSSTE hasta 2018. Luego, ya desde su cargo como secretario de Administración del IPN, a partir de 2019, continuaron las adjudicaciones.
En 2022, la FGR inició la primera carpeta de investigación en contra de Tapia Santoyo bajo el número FED/FEMCC/FEMCC-CDMX/0000753/2022 por el delito de presunto enriquecimiento ilícito, derivado de irregularidades documentadas entre su patrimonio y sus gastos. A ellos se sumó otra indagatoria por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita,
No obstante, Tapia continuó en su cargo hasta 2025, cuando derivado de nuevas investigaciones por irregularidades, se procedió con su remoción.
