A partir del 1 de enero de 2026, la Ciudad de México puso en marcha una nueva estrategia obligatoria de separación de basura, que busca clasificar la basura en orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables, como parte del programa ambiental “Basura Cero”. Sin embargo, a pocas semanas de su implementación, la medida enfrenta retos estructurales, especialmente en difusión, infraestructura, incentivos ciudadanos y aplicación de sanciones.
Aunque el objetivo oficial es reducir de manera significativa los desechos que llegan a rellenos sanitarios y tiraderos, especialistas advierten que sin una correcta comunicación y seguimiento, la política podría quedarse lejos de sus metas.
Uno de los principales obstáculos ha sido la escasa difusión clara y homogénea de las nuevas reglas. En colonias populares, unidades habitacionales y zonas con alta densidad poblacional, persiste la confusión sobre qué tipo de residuos van en cada categoría, así como los días y horarios de recolección diferenciada.
vecinos y trabajadores de limpia han señalado que no todos los camiones están adaptados para recolectar residuos separados, lo que genera desconfianza y desincentiva a la ciudadanía
“Si al final todo se junta, la gente deja de separar”, es una de las quejas más recurrentes entre habitantes de la capital.”
La Ciudad de México genera más de 12 mil toneladas de residuos sólidos diarios, de los cuales alrededor del 45% son orgánicos, según datos oficiales de años recientes. Sin embargo, menos del 30% se separa correctamente, lo que dificulta su aprovechamiento y reciclaje.
El programa Basura Cero, impulsado desde administraciones anteriores, plantea metas ambiciosas como:
- Reducir drásticamente los residuos enviados a rellenos sanitarios
- Incrementar el reciclaje y el compostaje
- Fomentar una economía circular
No obstante, la infraestructura actual sigue siendo insuficiente para procesar grandes volúmenes de residuos separados.
La normativa contempla multas y sanciones para quienes no cumplan con la separación, pero hasta ahora su aplicación ha sido limitada y poco clara. Autoridades locales han reconocido que el enfoque inicial será pedagógico, no punitivo, lo que deja en duda cuándo y cómo se aplicarán las sanciones.
Este escenario genera un mensaje ambiguo: la separación es obligatoria, pero no siempre exigible, lo que debilita la política pública.
