A través de un pronunciamiento oficial, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, dejó en claro que «la frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal. Sus límites se definen por criterios establecidos en un tratado internacional».

La respuesta de México ocurre luego de que la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, anunció el 28 de octubre que la Oficina General de Tierras de Texas (GLO, por sus siglas en inglés) había determinado que nueve islas ubicadas entre Laredo y McAllen, con una superficie conjunta de aproximadamente 66 acres (26.7 hectáreas), ahora «pertenecen» a Texas.

Según el comunicado texano, la medida respondió a una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) respecto a 28 islas cuya propiedad era considerada como «no reclamada o no establecida». Texas aseguró que la designación permitirá al ejército estadounidense y al Departamento de Seguridad Pública estatal ingresar a los terrenos para «mantener la seguridad operativa» de la frontera sur, realizar labores de limpieza, patrullaje y eliminar posibles escondites de narcotraficantes, traficantes de personas y contrabandistas.

Buckingham reconoció, sin embargo, que no existe confirmación de que las nueve islas estén siendo utilizadas actualmente para actividades ilícitas.

Ante ello, la Cancillería mexicana recordó que el Tratado de Límites de 1970 entre ambas naciones establece que, en el Río Bravo, el límite internacional corre por el centro del cauce normal del río. «Ese límite determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera, independientemente de la soberanía previa que hayan tenido esas tierras», puntualizó.

La SRE subrayó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la única instancia facultada por ambos gobiernos para aplicar el Tratado y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla. «Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución».

Asimismo, recordó que conforme al Tratado, ningún país puede construir obras que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río.

» México dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona y reitera su compromiso con el cumplimiento de los tratados que rigen la frontera común y con el diálogo bilateral a través de los mecanismos establecidos», señaló la cancillería.

La disputa se suma al antecedente de 2023, cuando Texas reclamó e intervino militarmente la Isla Frontón, de 170 acres en el condado de Starr, mediante la Operación Lone Star, caso que sigue bajo revisión diplomática.