La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó categóricamente que la frontera internacional entre México y Estados Unidos no puede ser modificada ni alterada por determinaciones de un gobierno estatal, en respuesta directa a los anuncios vertidos por autoridades de Texas sobre la supuesta anexión de nueve islas ubicadas en el cauce del Río Bravo.

A través de una postura oficial, la Cancillería mexicana precisó que los límites territoriales y soberanos entre ambas naciones se encuentran rigurosamente regulados por tratados internacionales vigentes, careciendo las autoridades locales de facultades para establecer soberanía de forma unilateral.

Fundamento jurídico y facultades bilaterales de la CILA

El gobierno de México fundamentó su rechazo en los instrumentos diplomáticos bilaterales que rigen la demarcación limítrofe:

• Tratado de Límites de 1970: La SRE recordó que este instrumento internacional establece expresamente que la línea divisoria sobre el Río Bravo corre exactamente por el centro del cauce normal, parámetro legal que determina automáticamente la soberanía de los territorios insulares a cada lado del río.

• Competencia exclusiva de la CILA: La dependencia puntualizó que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) constituye el único organismo binacional legalmente facultado por los gobiernos de México y EE. UU. para aplicar las reglas del tratado y dictaminar a cuál de los dos países corresponde la jurisdicción de cada isla.

• Prohibición de obras no autorizadas: Se enfatizó que ninguna de las partes puede construir infraestructura u obras que, según la evaluación técnica de la CILA, alteren, desvíen u obstruyan el escurrimiento natural del cauce.

Antecedentes y despliegue del estado de Texas

La postura del Estado mexicano responde al anuncio efectuado dos días antes por la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham:

• Declaración texana: Las autoridades de la Oficina General de Tierras de Texas argumentaron haber tomado posesión de nueve islas fronterizas que abarcan una superficie aproximada de 66 acres, autorizando el ingreso de efectivos militares e inspectores estatales.

• Argumento de seguridad: La representación texana justificó la medida bajo el argumento de facilitar operaciones policiales y militares contra el crimen transnacional y las actividades ilícitas en la franja fronteriza.

Ante este escenario, la Cancillería mexicana confirmó que mantendrá una supervisión continua de las acciones desplegadas en la zona limítrofe, reafirmando el compromiso de defender la soberanía nacional y encauzar cualquier diferendo mediante los canales diplomáticos e institucionales correspondientes.