Una investigación periodística de Grupo REFORMA expuso los montos salariales de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, así como las percepciones mensuales de dos colaboradores de su entorno cercano asignados a tareas de transporte y servicio personal, cuyas asignaciones presupuestales e historiales corporativos han generado señalamientos por posibles conflictos de interés.
De acuerdo con la información pública del directorio institucional y las indagatorias difundidas, la titular del órgano electoral percibe una remuneración mensual de 262 mil 634 pesos brutos (que equivale a un ingreso de 133 mil 134 pesos netos).
Percepciones de choferes y puestos en la estructura del INE
El reporte detalla las claves presupuestales y montos asignados a personal adscrito a la Presidencia del Consejo General:
Luis Alberto Bustamante Canizales: Originario de Ures, Sonora, figura formalmente en la nómina como «Líder de Proyecto» con un sueldo de 69 mil 890 pesos brutos al mes. No obstante, fuentes internas de la institución señalan que opera en los hechos como conductor de la consejera presidenta e incluso le auxilia en la preparación de alimentos.
Jonathan Navarrete Torres: Registrado oficialmente bajo la nómina de choferes de Presidencia con una percepción de 45 mil 765 pesos mensuales. Navarrete aparece inscrito en el Registro Público de Comercio como apoderado legal de Corporativo Zeg, firma proveedora de materiales electorales.
Indagatorias de la UIF y deslinde de responsabilidades
Las revelaciones se suman a las investigaciones que mantiene la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre una red de empresas contratistas del sector electoral:
Líneas de investigación de la UIF: Las pesquisas indagan presuntas conductas de simulación de competencia, facturación irregular y triangulación de recursos en licitaciones del INE, así como contrataciones aprobadas previamente en el organismo electoral de Sonora durante el periodo en que Taddei estuvo al frente de dicha institución.
Estatus de los señalamientos: La información difundida enfatiza que las observaciones sobre sueldos, cargos y vínculos corporativos constituyen elementos sujetables a auditoría y deslinde administrativo o legal por parte de los órganos de control internos y competentes, sin que las imputaciones periodísticas configuren por sí mismas la comisión de un delito hasta que una autoridad determine lo contrario.
