La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), inició la clausura de balnearios asentados a orillas de la Laguna de los Siete Colores, que no cuenten con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), un documento en trámite que requiere de otros documentos como los otorgados por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en el caso de la concesión de zona federal.
El primer establecimiento clausurado fue “Los Rápidos”, ubicado cerca de Bacalar, donde llegaron tres inspectores de la dependencia federal y tras verificar que no exista daño ambiental, procedieron a clausurar ante la falta de dicho documento.
Maria Luisa Villarreal Sonora, responsable en materia ambiental de dicho predio, mencionó que llevan años construyendo el cumplimiento pero deben compatibilizarlo con los requerimientos, inspecciones y normas de diversas instancias que se cruzan con lo requerido por PROFEPA.
Dijo que esta situación la enfrentan al menos un 70% de los balnearios y propiedades particulares asentadas a orillas de la Laguna de Bacalar, muchos de los cuales vienen tratando de regularizarse sin éxito por obstáculos como la concesión de zona federal lagunar, desde hace más de 10 años, y que hasta el momento, no han podido obtener.
Aclaró que la clausura no obedece a afectaciones de carácter ambiental, sino más bien a una cuestión administrativa que esperan resolver pronto y el lugar sea reabierto al público, ya que el lugar cuenta con un proyecto sustentable que es modelo en su operación, pues tiene un 96% del territorio en conservación, bitácoras electrónicas y separación de residuos (aunque no haya instalaciones municipales adecuadas para aprovecharlo), una planta de tratamiento de aguas residuales híbrida que incluye pretratamiento bacteriano, reactores de aireación y cloración aunque el agua se saca en pipas por falta de otro trámite burocrático, una jardinera de evapotranspiración en prueba, capacitación alo personal, entre otras medidas que como otros negocios de la región han adoptado.
Enfatizó que el balneario cuenta con las medidas más estrictas para proteger el entorno natural, no obstante la actividad turística que se desarrolla en el 3% del territorio del predio
“Nos hemos sujetados a los diversos requerimientos de cada una de las instancias de carácter federal, estatal o.municipal porque somos los más interesados en la protección y uso sustentable de nuestro entorno, lo que explica que a pesar de las múltiples revisiones, se ha cumplido con otras revisiones de PROFEPA, y otras autoridades, que de manera rutinaria nos inspeccionan”, enfatizó.
La encargada ambiental aseguró que el estudio de impacto ambiental lo tienen listo desde hace más de tres años pero no lo han entregado porque faltan documentos de otras instancias.
