Bajo amenaza de muerte: la peligrosa factura de criticar al gobierno de Tulum
Lo ocurrido la noche del viernes en Chetumal trasciende por completo cualquier fricción mediática: un funcionario municipal ha sido señalado formalmente por proferir amenazas de muerte contra un periodista. La gravedad del hecho exige respuestas inmediatas y no el silencio complaciente del gobierno municipal de Tulum.
Adán Quintanilla, director de Comunicación Social y hombre de la máxima confianza del alcalde Diego Castañón Trejo, fue acusado por un reportero de Notisur no solo de intentar agredirlo físicamente, sino de lanzar amenazas directas contra su vida tras no haber podido concretar el ataque.
La conducta del vocero parece reflejar el mismo patrón de soberbia y hostilidad con el que se conduce la propia cúpula del Ayuntamiento. El alcalde Diego Castañón se desplaza rodeado por un desmedido aparato de seguridad compuesto por más de ocho guardaespaldas y una comitiva de tres vehículos, manteniéndose distante de la ciudadanía y exhibiendo una marcada prepotencia que hoy salpica a todo su equipo cercano. Lejos de actuar como servidores públicos, tanto el edil como su entorno se han caracterizado por una actitud problemática, soberbia e intimidante.
Para el comunicador agraviado, el atentado no es un hecho aislado. Según su testimonio, Quintanilla ya había intentado amedrentarlo en un episodio previo en las inmediaciones del Parque del Renacimiento, también en la capital del estado. Sin embargo, la escala del conflicto dio un salto alarmante al cruzar la línea de la intimidación verbal hacia la amenaza de muerte explícita.
Ante el riesgo latente contra su vida y la de sus seres queridos, el periodista anunció que acudirá ante la Vicefiscalía de Justicia del Distrito Sur para interponer la denuncia penal correspondiente. Asimismo, responsabilizó públicamente al vocero y a la administración municipal de cualquier atentado o agresión que pudiera sufrir él o algún integrante de su familia.
La labor periodística y el ejercicio de la crítica no son delitos, y jamás deben pagarse con la vida ni con la zozobra de una amenaza de muerte. Mientras el alcalde intenta sortear los cuestionamientos a su gestión, su propio vocero hunde a la administración en una severa crisis legal y moral.
Las autoridades deberán esclarecer los hechos y actuar con todo el peso de la ley. Por su parte, el Ayuntamiento de Tulum enfrenta un escándalo escandaloso que no podrá maquillarse ni borrar con comunicados de prensa.
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