Con el objetivo de garantizar el derecho a la educación inclusiva y combatir el rezago escolar de las personas con discapacidad auditiva, diputados de la XVII Legislatura del Congreso de Quintana Roo presentaron una iniciativa de ley para establecer como obligatoria la enseñanza de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) en el sistema educativo estatal.
La propuesta legislativa, promovida conjuntamente por los diputados Andrea del Rosario González Loría (Morena) y Hugo Alday Nieto (Partido del Trabajo), plantea reformas de fondo tanto a la Constitución Política del Estado como a la Ley de Educación local.
Reformas constitucionales y operativas
El proyecto busca elevar la Lengua de Señas Mexicana al rango de patrimonio lingüístico de Quintana Roo, obligando al Estado a estructurar políticas públicas permanentes:
Reconocimiento constitucional: La adición a la Carta Magna local compromete a los gobiernos estatal y municipales a asegurar la enseñanza de la LSM a personas sordas y a sus familiares directos.
Integración en la educación básica: Las modificaciones a la Ley de Educación mandatan a la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) a incorporar progresivamente la enseñanza de la LSM dentro de los programas de estudio formal de nivel básico.
Capacitación docente: Se contempla la creación gradual de programas institucionales de formación continua para personal docente y de apoyo, garantizando la presencia de educadores preparados e intérpretes en los planteles públicos.
Diagnóstico social y atención a la deserción escolar
De acuerdo con las estimaciones expuestas en el documento legislativo, en Quintana Roo residen aproximadamente 40 mil personas con alguna limitación o discapacidad auditiva. Este sector enfrenta elevados índices de deserción escolar debido a la escasez de materiales adaptados y de personal capacitado en las aulas.
Con este paquete de reformas, el Poder Legislativo local busca eliminar las barreras de comunicación en las escuelas, asegurar el aprendizaje del español como segunda lengua para la comunidad sorda y facilitar el acceso equitativo a los servicios públicos. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis, discusión y posterior dictaminación ante el Pleno.
