En la Ciudad de México hay una distancia cada vez más visible entre los informes oficiales y lo que viven sus habitantes al abrir la llave, bajar al andén del Metro o caminar de noche hacia su casa. El gobierno capitalino se ha vuelto experto en presentar porcentajes a la baja, inversiones «sin precedentes» y obras inauguradas a contrarreloj; sin embargo, los servicios públicos básicos siguen fallando con una regularidad que ya no sorprende a nadie, y en materia de seguridad los delitos que más golpean el patrimonio y la tranquilidad de las familias van en ascenso. La propia jefa de Gobierno lo ha admitido en el tema más sensible de todos: en abril, durante la inauguración de un festival en Chapultepec, Brugada reconoció que en la capital no se ha logrado garantizar plenamente el acceso al agua para toda la población, y señaló que la escasez se concentra principalmente en alcaldías como Iztapalapa y Tlalpan, mientras que en temporada de lluvias el problema se invierte y deriva en inundaciones. La confesión no es menor si se recuerda lo que se prometió, pues desde 2025, con la mirada puesta en el Mundial, la mandataria aseguró que las colonias alrededor del Estadio Azteca contarían con agua y no se inundarían, y anunció una inversión de alrededor de 70 millones de pesos para ampliar el acceso al agua en el sur de la ciudad, aunque ese mismo año ya advertía que no podía garantizar que la escasez en Iztapalapa estuviera resuelta para 2026. El Mundial pasó y la sed se quedó.
La respuesta oficial sigue siendo la misma de hace décadas: pipas y cortes programados. En abril, diversas colonias de Azcapotzalco, Venustiano Carranza e Iztacalco enfrentaron cortes y baja presión por trabajos en la red hidráulica, justo en un contexto de altas temperaturas y mayor demanda, y para mayo la propia secretaría del ramo informó de afectaciones en colonias de Tláhuac, Milpa Alta e Iztacalco, mientras el gobierno reforzaba el operativo de pipas para mitigar el impacto. Se anunció además que en 2026 se realizarán 643 obras de agua, drenaje y saneamiento, además de 200 puntos de infiltración, una cifra que suena bien en conferencia de prensa pero que aún no se traduce en algo medible para quien depende de un tinaco y de la buena voluntad del piperó. La paradoja que la jefa de Gobierno describe como «doble desafío» se ha vuelto rutina, y septiembre volvió a exhibir la fragilidad del drenaje capitalino: autoridades del agua advirtieron que la ciudad volvió a romper récord de lluvias en septiembre, superando al mismo mes de 2025, y a mediados de mes la lluvia y el granizo provocaron encharcamientos, cierres viales, caída de árboles y avance lento en algunas líneas del Metro, e incluso se reportó el desbordamiento del río Magdalena con vehículos varados. El discurso oficial tiende a desplazar la responsabilidad hacia la ciudadanía, como cuando el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua pidió a la población no arrojar basura en la vía pública porque los residuos obstruyen coladeras y la red de drenaje; es un llamado razonable, pero insuficiente, porque la recolección de residuos, el desazolve preventivo y el mantenimiento de la red son responsabilidad del gobierno, no de los vecinos, y cuando cada tormenta se convierte en emergencia el problema no es la lluvia, sino la falta de previsión.
Si hay un símbolo del deterioro de los servicios públicos capitalinos, es el Sistema de Transporte Colectivo. Para 2026, el Metro recibió más de 25 mil millones de pesos, el presupuesto más alto de su historia, y aun así retrasos de hasta 20 minutos, desalojos de trenes, inundaciones en estaciones, escaleras eléctricas descompuestas y andenes saturados siguen siendo parte de la rutina diaria de millones de usuarios. Los números son elocuentes: en la Línea 3, una de las más transitadas, las fallas pasaron de 7 mil 39 en 2024 a 13 mil 278 en 2025, un crecimiento cercano a 88% en un año, y en 2026 ya se acumulan más de 3 mil 500. Un recuento periodístico de la primavera documentó que el sistema apenas había operado 17 días sin incidentes en lo que iba del año, frente a más de 100 jornadas con retrasos o interrupciones. Las imágenes han dado la vuelta a las redes: en abril, una falla eléctrica obligó a desalojar a usuarios de la Línea 3, que tuvieron que caminar por las vías, y en agosto pasajeros reportaron un convoy que expulsaba humo en el tramo entre Indios Verdes y Universidad, días después de que el agua ingresara a estaciones como Deportivo 18 de Marzo y obligara a suspender parcialmente el servicio. Ni siquiera las obras del Mundial, vendidas como legado, se salvan, ya que algunas estaciones siguen con trabajos inconclusos y escaleras eléctricas recién rehabilitadas han vuelto a fallar, mientras el costo humano se acumula con 2 mil 600 personas lesionadas por accidentes en el Metro en cuatro años. Legisladores y trabajadores han exigido transparentar el uso de los recursos, pero la respuesta institucional suele limitarse a un tuit que promete «agilizar la circulación».
En seguridad, el gobierno capitalino tiene un argumento que repite con insistencia: la percepción de inseguridad baja. Y es cierto, pues según la ENSU del INEGI, la percepción de inseguridad en la capital disminuyó 2.68% en el primer trimestre de 2026, sumando dos trimestres consecutivos a la baja, y la percepción sobre el desempeño de la policía alcanzó un máximo histórico de 49.5%. Pero las encuestas de percepción no cuentan toda la historia, y los registros de denuncias dibujan otro panorama. La extorsión se ha convertido en el delito que define a esta administración: las carpetas de investigación pasaron de 473 en 2024 a 1,728 en 2025, un aumento de 265% en doce meses, y en el arranque de 2026 la tendencia no cedió, porque entre enero y marzo se iniciaron 383 denuncias, la cifra trimestral más alta desde 2016, con el agravante de que muchas víctimas optan por no denunciar. El gobierno respondió con un «Pacto contra la Extorsión» firmado en abril, aunque las propias autoridades reconocieron en ese momento que el delito seguía creciendo. A ello se suman otros indicadores preocupantes, ya que en el primer bimestre del año el fraude aumentó 18.6% y las amenazas 9.08% respecto al mismo periodo de 2025.
El dato más grave, sin embargo, es el de las desapariciones. Con base en el registro nacional, se ha documentado que la capital registró 531 casos de personas desaparecidas en el primer semestre, más de tres al día y un incremento de 71% frente a 2025, con un aumento entre mujeres que resulta estremecedor: pasaron de 96 casos a 232, un alza de 141%. Diputadas de oposición han alertado que el fenómeno afecta particularmente a adolescentes y jóvenes, y frente a ello no se conoce una estrategia de búsqueda y prevención a la altura del problema, pese a que la capital cuenta con la fuerza policial local más grande del país.
Lo que une al agua, al Metro y a la seguridad es un mismo estilo de gobierno: diagnósticos correctos, cifras de inversión impresionantes, eventos multitudinarios y resultados que no llegan a la vida cotidiana. La ciclovía rumbo al Estadio Azteca, por ejemplo, fue inaugurada incompleta en abril y concluida hasta finales de julio, después del Mundial que la justificaba, una muestra de la lógica del calendario político por encima de la planeación. Para ser justos, el gobierno puede mostrar avances, pues la confianza en la policía mejora, la Fiscalía reporta que las órdenes de aprehensión ejecutadas por extorsión crecieron 132% frente a 2024, y la jefa de Gobierno ha tenido el mérito de reconocer públicamente la falta de agua. Pero reconocer un problema no equivale a resolverlo, y detener a más extorsionadores no sirve de consuelo si cada mes hay más víctimas. Los capitalinos no viven de percepciones ni de promedios trimestrales; viven de que el agua salga de la llave, de que el tren llegue a tiempo y de regresar a casa sin una llamada amenazante ni un familiar desaparecido. En esas tres pruebas básicas, el gobierno de la Ciudad de México sigue reprobando.
