Agricultores y transportistas anunciaron, el 11 de noviembre de 2025, un paro nacional para el día lunes 24 del mismo mes y año, ello ante la falta de acuerdos con el Gobierno Federal respecto a sus demandas de establecer un precio fijo para el maíz y frenar la inseguridad en las carreteras.
Eraclio Rodríguez Gómez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo (FNRCM), expuso, en una conferencia de prensa, que no aceptaban los “supuestos acuerdos” que el Gobierno Federal había anunciado con los productores para “subsidiar” el precio del maíz, lo cual -según acusó el productor- sólo beneficiaría a los empresarios y no abonaba a la mejora del campo.
Frente al Palacio Nacional, el dirigente agropecuario informó de una alianza entre agricultores y transportistas, para continuar las movilizaciones que habían realizado durante los últimos días, pero ahora de forma conjunta.
“Hay una estrecha relación entre los productores del campo y los transportistas. Si no fuera por ellos, no sería posible que pudiéramos llevar los alimentos a las mesas […] Y ellos también están siendo agraviados, asaltados en las carreteras, les cobran derecho de piso”, advirtió Rodríguez Gómez.
Citado por la agencia española EFE, Baltazar Valdez Armentia, también dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo, detalló que la primera acción de la alianza será realizar un paro nacional el 24 de noviembre de 2025, lo que significaría detener el transporte de carga, desde su origen.
El dirigente agropecuario explicó que solo bloquearían el tránsito de mercancías. “No vamos a obstruir el paso de los vehículos privados y de transporte de pasajeros”, aseguró. Además, anunció que iban a realizar “la toma de las aduanas, como forma de presión máxima para ser atendidos” por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Asimismo, el también dirigente de Campesinos Unidos de Sinaloa consideró que en las reuniones con el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el sinaloense Julio Antonio Berdegué Sacristán, solo habían recibido “promesas incumplidas”.
Por su parte, David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), convocó a todos los transportistas del país a sumarse al paro nacional y no dar servicio el 24 de noviembre de 2025.
“Hago un llamado a las movilizaciones que vamos a hacer conjuntamente con los compañeros campesinos […] la alianza es por todos los que padecemos en carretera”, indicó el dirigente de transportistas.
Asimismo, Estévez Gamboa calificó como “falsa” la disminución de la violencia que presumía el Gobierno Federal, y denunció que los trabajadores del sector seguían trabajando con miedo e incertidumbre de salir a carretera y no volver a sus casas, como había ocurrido con algunos compañeros.
Posteriormente, los integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo emitieron un pronunciamiento en el que expusieron sus demandas puntuales a la Administración encabezada por Sheinbaum Pardo.
En concreto, pidieron el reconocimiento del Estado a la agricultura nacional y el establecimiento de una banca de desarrollo para el sector agropecuario y pesquero. También demandaron que los granos quedaran fuera de la próxima revisión del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para 2026.
Además, exigieron la publicación de precios de garantía para toda la producción de alimentos del campo, así como ser tomados en cuenta en la nueva Ley de Aguas Nacionales, propuesta por Sheinbaum Pardo.
El Gobierno Federal acordó con productores del Bajío, el 29 de octubre de 2025 la creación de un Sistema Mexicano de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, con el fin de establecer precios de referencia y dar certidumbre al campo, según informó, el mismo día, el sinaloense Julio Antonio Berdegué Sacristán, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
Tras semanas de negociaciones, con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la propia SADER, agricultores de Guanajuato, Michoacán y Jalisco alcanzaron, durante la madrugada del 29 de octubre de 2025, elevar a 950 pesos la aportación de los gobiernos federal y estatales, al precio por tonelada del maíz.
