Ciudad de México.— El combate contra la simulación fiscal escaló a uno de sus niveles más agresivos de los últimos años. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó la suspensión de sellos digitales a más de 7 mil 300 contribuyentes como parte de las acciones emprendidas contra esquemas relacionados con empresas que facturan operaciones simuladas, conocidas como “factureras”.
La medida representa uno de los instrumentos más severos dentro del aparato fiscal mexicano, pues la restricción del Certificado de Sello Digital no implica únicamente una observación administrativa: en la práctica puede impedir la emisión de facturas, afectar operaciones comerciales, detener pagos y comprometer la continuidad operativa de personas físicas y morales.
El mensaje del SAT es claro: ya no sólo se perseguirá a quienes emiten comprobantes apócrifos, sino también a quienes aparecen dentro de cadenas de operación consideradas de riesgo fiscal.
Desde la perspectiva jurídica, el golpe no necesariamente equivale a una determinación definitiva de responsabilidad. La legislación fiscal prevé mecanismos para aclarar irregularidades, desvirtuar observaciones y solicitar la reactivación del sello digital cuando el contribuyente acredita la legalidad de sus operaciones.
