Puerto Morelos, Quintana Roo.- Un juez federal dejó sin efectos la licencia de construcción del exclusivo complejo inmobiliario Alux 33; además, ordenó al municipio de Puerto Morelos dejar sin efectos jurídicos la licencia de construcción PM-1616, así como abstenerse de utilizarla para justificar futuras autorizaciones, prórrogas, regularizaciones, terminaciones u ocupaciones relacionadas con el proyecto, informó Irma Morales Cruz, abogada de la asociación civil Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).
La especialista en derecho ambiental indicó que el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Quintana Roo, dentro del juicio de amparo 515/2025-IV, reconoció la importancia de respetar los procedimientos de protección ambiental antes de autorizar desarrollos inmobiliarios en ecosistemas sensibles.
En su resolución, el tribunal determinó que la licencia de construcción otorgada a Alux 33 se emitió sin que la autoridad municipal verificara previamente la existencia de la autorización federal en materia de impacto ambiental exigida por la legislación aplicable.
La sentencia destaca que el predio se ubica en un ecosistema con presencia de vegetación de manglar, hábitat protegido por los estatutos ambientales mexicanos, y que este tipo de desarrollos requiere una evaluación ambiental previa por parte de las autoridades federales competentes.
La jurisperita destacó que la resolución representa un precedente relevante para la protección de los ecosistemas costeros de Quintana Roo, al reafirmar que las autorizaciones ambientales no son simples formalidades administrativas, sino instrumentos preventivos esenciales para evitar daños ambientales antes de que ocurran.
El juzgado enfatizó que la evaluación de impacto ambiental debe realizarse ante de iniciar obras, permitiendo a la autoridad especializada valorar riesgos y establecer medidas de prevención, mitigación o compensación.
Agregó que la sentencia reconoce la certificación de DMAS para acudir a tribunales en defensa del derecho humano a un medio ambiente sano; que las afectaciones ambientales pueden ser objeto de medidas de reparación, restauración y remediación, y que las autoridades tienen facultades para evitar que permisos irregulares sigan produciendo efectos.
