CHETUMAL.- Un escándalo de proporciones federales y un inminente pleito legal ponen en jaque el programa de casas-habitación de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) en el Sur del Estado.
La dependencia federal está invirtiendo millonarios recursos públicos y edificando el proyecto “Viviendas del Bienestar” sobre un terreno que es de propiedad privada, una flagrante invasión que no sólo compromete el patrimonio de un particular, sino que coloca en riesgo total la certeza jurídica y la inversión de las familias que pretenden habitar ese desarrollo en Calderitas.
El millonario proyecto de la Conavi avanza a marchas forzadas bajo una política de hechos consumados, violando las garantías individuales de un propietario legítimo cuyo predio está debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio desde octubre de 1984.
En una evidente muestra de opacidad y falta de debida diligencia, el organismo federal omitió verificar la autenticidad de las tierras e inició trabajos de ingeniería pesada, desmonte y nivelación basándose en un registro duplicado que la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) fabricó de manera irregular, en un acto que de refilón exhibe las peores mañas de la mafia inmobiliaria institucional.
La gravedad del asunto radica en que la Conavi está construyendo castillos en el aire, destinando el dinero del pueblo a una obra que jurídicamente está viciada de origen y que podría ser detenida por la vía del amparo en cualquier momento.
Pese a que el afectado ha demostrado con el Sistema Inmobiliario de Quintana Roo (SIQR) en la mano que es el dueño absoluto de la tierra, la Conavi ha decidido ignorar las alarmas y continuar con la modificación del terreno mediante maquinaria pesada y camiones de volteo, asumiendo una responsabilidad legal histórica por construir en propiedad ajena.
La delegación federal debe explicar urgentemente bajo qué criterios de transparencia decidió arriesgar el programa “Viviendas del Bienestar” en Calderitas, metiéndose a un predio privado y legitimando un despojo que tarde o temprano terminará en los tribunales.
