Ciudad de México.- El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma al Código Penal local que permite aplicar sanciones de hasta 11 años de cárcel y multa de hasta 117 mil pesos a quien robe y/o venda agua, práctica conocida como huachicol de agua.
La reforma castiga con la inhabilitación o destitución de los servidores públicos que estén involucrados en la extracción ilegal del líquido.
Según el dictamen, la falta de regulación dificulta la persecución e inhibición del delito, pues a pesar de las mil 388 denuncias y la confirmación de 153 tomas clandestinas entre 2018 y 2024, la Fiscalía General de Justicia sólo reportó la apertura de una carpeta de investigación por el delito de defraudación fiscal en materia de suministro de agua.
Refiere que la Comisión Nacional del Agua detectó 2 mil 280 tomas clandestinas en todo el país entre 2012 y 2018, donde usuarios individuales o empresas extraen el líquido sin contar con los permisos correspondientes, lo que contribuye a la sobrexplotación de los acuíferos.
Como parte de la segunda jornada de aprobación de dictámenes, el pleno del Congreso capitalino avaló unas 25 reformas rezagadas, como la relacionada con la imprescriptibilidad de delitos cuando las víctimas sean menores de edad, y la que obliga a establecimientos mercantiles a permitir el paso de animales de asistencia.
Asimismo, los legisladores avalaron modificaciones legales, entre ellas las enviadas por la Jefatura de Gobierno para castigar con hasta siete años de prisión el hostigamiento coercitivo, que consiste en obligar a una persona a hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión.
También, crear y castigar el delito de abigeato, que es el robo de ganado, con cinco años de reclusión. Y se avaló el reconocimiento de los bosques de agua como un sistema natural de infiltración pluvial y recarga de acuíferos.
Se prevé que este jueves y el próximo domingo se realicen sesiones dedicadas exclusivamente a aprobar otros dictámenes rezagados.
Por otra parte, la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, al comparecer ante el Congreso local informó que ha presentado 31 denuncias penales por construcciones irregulares en la demarcación.
Sostuvo que su administración no ha permitido ninguna construcción ilegal, por lo que se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de Justicia.
Pidió a los legisladores una reforma sobre el quebrantamiento de sellos, pues cuando sucede se remite a los trabajadores y/o albañiles, pero no a los dueños. Antes compareció la alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández, quien reportó la realización de 15 obras para inhibir las inundaciones por lluvias en la demarcación.
