Filipinas.- Este miércoles se escucharon ráfagas de disparos en el Senado filipino y se pidió a la gente que corriera a ponerse a cubierto, según escucharon testigos de Reuters, mientras se desataba el caos ante la expectativa de un intento de detener a un destacado senador buscado por la Corte Penal Internacional (CPI).
No estaba claro qué sucedía ni quién había disparado. Más de diez militares vestidos con uniformes de camuflaje llegaron anteriormente al edificio del Senado, algunos de ellos portando rifles de asalto, según observaron periodistas de Reuters.
No quedó claro de inmediato por qué estaban allí las tropas y no fue posible contactar con oficiales militares para obtener comentarios. Tampoco estaba claro si había más personal de seguridad dentro del edificio.
Esto ocurrió cuando Ronald dela Rosa, el principal responsable de la sangrienta “guerra contra las drogas” del ex presidente, Rodrigo Duterte, afirmó en Facebook que su detención era inminente e instó a la gente a movilizarse para impedir su entrega a la CPI.
Dela Rosa, que está refugiado en su oficina legislativa desde el lunes, pidió a la ciudadanía que saliera a la calle para impedir su arresto, afirmando que los agentes de las fuerzas del orden estaban de camino tras la revelación de una orden de detención por parte de la CPI.
La orden, fechada en noviembre y hecha pública el lunes, solicita la detención del ex jefe de policía por crímenes contra la humanidad, los mismos de los que se acusa a Duterte, de 81 años, quien espera juicio en La Haya tras su detención el año pasado.
“Les hago un llamado, espero que puedan ayudarme. No permitan que otro filipino sea llevado a La Haya”, dijo Dela Rosa en un video publicado en Facebook desde su oficina en el Senado.
Dela Rosa, de 64 años, fue el principal lugarteniente de Duterte y supervisó una feroz campaña de represión durante la cual fueron asesinados miles de presuntos traficantes de drogas, y los grupos de derechos humanos acusaron a la policía de asesinatos sistemáticos y encubrimientos.
La policía rechaza las acusaciones y afirma que las más de 6 mil personas abatidas en operaciones antidroga iban todas armadas y se habían resistido a la detención.
