Luego de constantes críticas por parte de integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Jesús Octavio García González, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del órgano, dejó su cargo. Fue señalado en algunas ocasiones por posible conflicto de interés, debido a sus antecedentes como representante de empresas comercializadoras de materiales de diversos institutos electorales.
Este lunes, en conferencia de prensa, la consejera presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, dio a conocer que habrá algunos nombramientos pendientes y movimientos, entre ellos, el de García González, sin abundar en los motivos.
En la Dirección Ejecutiva de Administración, anunció, habrá “una nueva fórmula. Ahí hay una incorporación”. Agregó que “hemos estado trabajando en eso toda la semana anterior; bueno, tengo dos semanas en eso”.
Fue nombrado por Guadalupe Taddei con base en las atribuciones que le otorgó un cambio legal aprobado a la par de la reforma judicial. Con el uso de esas facultades, la consejera presidenta confirmó que nombrará formalmente como titulares a quienes fungían como encargados de despacho, como es el caso de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, como lo adelantó La Jornada el pasado 23 de abril.
Otros nombramientos serán en la Dirección de Asuntos Jurídicos, la Unidad Técnica de Fiscalización, y también confirmará designaciones en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, Dirección del Secretariado, Coordinación de Asuntos Internacionales y Comunicación Social. “Aspiro a que tengamos una Junta General y una planta ejecutiva estable”, señaló Taddei.
Durante la sesión de hoy del Consejo General asistieron por primera ocasión los tres nuevos consejeros: Arturo Chávez López, Frida Denisse Gómez Puga y Blanca Yassahara Cruz García, quienes rindieron protesta la semana pasada. Ninguno de los tres tuvo participación.
En tanto, Taddei añadió que, de no aprobarse una reforma que modifique los lineamientos de la elección judicial programada para el próximo año, habrá complicaciones técnicas “materialmente imposibles” de atender para organizar de manera simultánea esos comicios con la elección ordinaria, en la que se elegirán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.
Explicó que con la legislación actual, “materialmente no podemos tener las dos elecciones en el mismo espacio físico, porque se contraponen las reglas de una y de otra”, debido a que para el conteo de votos de la elección de integrantes del Poder Judicial de la Federación no pueden estar presentes representantes de partidos políticos en las casillas, pero en la elección ordinaria —en la que también se votará por miles de presidencias municipales en el país— los institutos políticos sí pueden designar representantes.
Detalló que desde la semana pasada ha pedido al Senado de la República y a la Cámara de Diputados reuniones para exponer esos temas, pero aún no reciben respuesta de los legisladores. Su objetivo, dijo, es buscar a los diputados y senadores que presentaron iniciativas en esta materia para “tener una plática muy cercana, muy didáctica, muy pedagógica, viendo lo que sí se puede y lo que no se puede hacer” en la elección judicial.
A la par, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral inició el análisis para adecuar su normatividad y ajustar las percepciones de sus integrantes, luego de que en la reciente reforma en materia electoral, conocida como plan B, se estableció en la Constitución que tanto integrantes de los órganos electorales como de los tribunales electorales no podrán ganar más que la presidenta de la República.
Taddei indicó que “solamente estaríamos hablando entre 144 y 150 personas afectadas directamente por la reducción salarial, de los 19 mil empleados que somos”, pero recalcó que la modificación se aplicaría hasta el próximo año, ya que el presupuesto de 2026 ya fue aprobado por el Congreso de la Unión.
Al bajar el sueldo de directores de área, trabajadores de menor jerarquía en el organigrama también deberán ajustar su ingreso, y ya estarían dentro de ese grupo de máximo 150 personas que tendrán impacto por la medida.
